Rotundo fracaso de política de defensa
La Política de Defensa de la República del Paraguay contempla los siguientes propósitos:
1. Prevenir y controlar eficazmente las amenazas de seguridad del país. No hacerlo es igual a fracaso.
El EPP se gestó hace más de un cuarto de siglo (1992) en el partido Patria Libre, practicó su primer acto ilícito en 1997 con el intento de robo a un banco, y realizó su primer secuestro en 2001, dos años después de aprobarse la Política de Defensa del Estado paraguayo. ¿Se previó que no ocurrieran secuestros? Obviamente que no.
2. Garantizar la existencia del Estado, su libertad, independencia y soberanía. No hacerlo es igual a fracaso.
El Estado permite que el EPP establezca obligaciones y castigos a los productores de Concepción y San Pedro, donde algunos de ellos tienen la obligación de pagar un tributo para no ser molestados, aunque tengan que trabajar con zozobra.
3. Garantizar la integridad de la población . No hacerlo es igual a fracaso.
Varios conciudadanos murieron en manos de los terroristas del norte, también extranjeros, sin que el Estado pueda garantizar la integridad de los mismos, sin tener la capacidad de recuperarlos de las garras de los secuestradores y sin la garantía de que otros no sufrirán la misma “suerte”.
4. Garantizar la plena vigencia del Estado de derecho y de las instituciones democráticas. No hacerlo es igual a fracaso.
Los terroristas prohiben a las autoridades legítimas a intervenir en los casos de secuestro y los ciudadanos de los dos departamentos mencionados no pueden obtener respuestas de las instituciones cuando se los secuestra, se les prohíbe trabajar o cuando son chantajeados y obligados a donar víveres. Hasta el momento fueron asesinados 11 oficiales de policía y varios militares, y las investigaciones tropiezan con la clandestinidad de los autores.
5. Garantizar la permanencia de las condiciones de estabilidad y previsibilidad indispensables para el desarrollo de la vida nacional. No hacerlo es igual a fracaso.
En Concepción y San Pedro los productores rurales arriesgan sus vidas para trabajar, ven que los terroristas destruyen y queman sus bienes, además de hacer correr a sus trabajadores. No saben si sus cultivos llegarán a la etapa de siembra y tampoco si tendrán la libertad de sembrar y de vender en tiempo sus productos.
Es un fracaso absoluto de la política de defensa del Estado, y para colmo la intervención militar (donde radica la mayor expectativa y esperanza) es el último recurso disponible, tal como lo establece la política de defensa nacional. ¿Cuándo el Presidente de la República será llamado por el Congreso a rendir cuenta de este fracaso de la política de defensa?