De “malévolo” e “incompetente” tilda director del MOPC a ABC
En una nota dirigida a este diario, el director de Comunicaciones del MOPC, Óscar Ayala Bogarín, se refiere a las denuncias de supuesta corrupción que afectan a la gestión del ministro Ramón Jiménez Gaona, tildando a este diario de “malévolo” e “incompete
“El diario ABC Color continúa con su aviesa campaña de desprestigio de la gestión del Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República Horacio Cartes, y de la administración del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), presidida por el Ministro Ramón Giménez Gaona”, comienza diciendo la nota firmada por Óscar Ayala Bogarín, quien asumió en ella la representación de la cartera estatal, cuando que el ministro es Jiménez Gaona.
Seguidamente, dice textualmente que “para este medio, la simple presunción se convierte en sentencia inapelable, desnudando su parcialidad, malevolencia, irresponsabilidad e incompetencia, pues nada de lo que afirma ha probado hasta la fecha”.
La nota hace una expresa referencia al editorial publicado por este diario bajo el título “MOPC, pantano de corrupción”, que enunciaba algunos de los casos de licitaciones con sospechas de estar amañadas, o que incluso están siendo discutidas en el ámbito judicial. Algunas de ellas son: la APP del aeropuerto, la renovación directa y sin licitación de la concesión a Tape Porã, el superviaducto y otros.
“El diario ABC Color demuestra a diario que en absoluto le importan los preceptos éticos. Esta actitud mezquina y perversa bastardea los ideales del periodismo responsable”, agrega la nota.
Seguidamente, dice que “este empecinamiento en desacreditar una gestión sin precedentes en la historia del país obedece a que este Gobierno y esta Administración no se han prestado ni han seguido los lineamientos que pretende impartir el director-propietario de ABC Color, Aldo Zuccolillo Moscarda, en beneficio de sus mezquinos intereses económicos, utilizando para ese fin la presión y el chantaje de sus medios de comunicación”.
Ayala Bogarín también habla de un “resentimiento patentizado”, que según él está detrás de las denuncias por supuestos casos de corrupción que afectan a la gestión del ministro Jiménez Gaona.
“La intencionalidad de sus denuncias también tiene como fundamento su encono hacia el Partido Colorado, un resentimiento patentizado en el editorial del pasado 25 de enero del 2018, bajo el título ‘El Partido Colorado no merece ser votado’. Estas dos razones, de las muchas que a diario evidencia este periódico, restan absoluta credibilidad a sus denuncias”, manifiesta finalmente la referida nota.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó las obras del tramo 1 del metrobús al consorcio DC-Stiller (Luis Duarte Luraghi), confirmó ayer el gerente del Programa de Reconversión Urbana, Guillermo Alcaraz. La oferta del consorcio es de G. 134.579 millones (US$ 24 millones), y el contrato se firmaría en breve, según la fuente.
Esta licitación (Nº 330.852) es para la “Construcción del sistema troncal BTR-Corredor Central tramo 1.1”, según la página de Contrataciones Publicas, a la que aún no subieron los datos sobre la adjudicación confirmada por Alcaraz.
El tramo 1 tiene una extensión de 4,4 Km, desde el Puerto de Asunción hasta la esquina de Gral. Aquino y Eusebio Ayala, donde se inicia el tramo 2. En total el trazado del metrobús debe tener 17 kilómetros.
La definición de la licitación del tramo 1, que afecta al Mercado 4, se dejó para el final. Hasta ahora, el MOPC no tiene el acuerdo por escrito con los permisionarios, que es una de las condiciones del BID para liberar la financiación para esta zona. En el Mercado 4 hay 320 permisionarios censados a los cuales hay que reubicar y esa reubicación no se previó en la licitación del tramo 1.
El metrobús es un proyecto que se financia con préstamos de diversos entes multilaterales y también bonos del tesoro que fueron emitidos para el Programa Reconversión Urbana.
Como en el convenio de préstamo dice que se ejecutará según las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –uno de los que otorgaron el crédito– y no las normas locales de Contrataciones Públicas, el resultado es que no hay tope a las ampliaciones en los contratos.
Ejemplo de ello resulta la adenda que se otorgó a la firma portuguesa Mota Engil, contratista de las obras de los tramos 2 y 3, para ajustar el precio en 35%.