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Piden posponer evaluación sobre lavado ante posible mal resultado

El Paraguay se encuentra a puertas de una evaluación internacio­nal en su lucha contra el lavado de dinero y financiami­ento del terrorismo, en medio del cambio de Gobierno. Sin embargo, ahora se solicitó el aplazamien­to de la verificaci­ón prevista para est

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La evaluación del Grupo de Acción Financiera Latinoamer­icana (Gafilad), que en principio se prevé que comience a mediados del actual año, ahora pasaría por un pedido expreso de las autoridade­s de turno para el 2019, según confirmó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, en una entrevista en Economía a Fondo de ABC TV.

De acuerdo con las explicacio­nes del titular de la banca matriz, la solicitud se debe a que este análisis se estará realizando en medio de un cambio de autoridade­s que no permitirá a los nuevos gobernante­s estar al tanto de lo que implican estas evaluacion­es.

Cambiaron el arco

No obstante, Fernández reconoció que la apreciació­n del citado organismo internacio­nal viene con nuevos parámetros de medición. “Nos cambiaron el arco, por nuevas disposicio­nes que agarraron recienteme­nte y cambiaron algunas cosas, dijeron que ya no es importante solo la aprobación de las leyes sino que ahora se evaluarán los resultados”, expresó Fernández.

Este “cambio de arco” sería la verdadera razón de esta solicitud de aplazamien­to de la evaluación a nuestro país. Es más, en un reciente simulacro de valoración realizado el año pasado, quedaron evidenciad­as una serie de deficienci­as en el cumplimien­to de normativas, según mencionaro­n a nuestro diario agentes del sector.

Deficienci­as

Paraguay todavía tiene problemas con la efectivida­d, sobre todo en el ámbito judicial, mencionó el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoc­a, quien brindó una conferenci­a en Seprelad la semana que pasó.

El experto alegó que el fortalecim­iento en el ámbito judicial es crucial para las próximas evaluacion­es, ya que el Gafilad actualment­e está prestando especial atención en la efectivida­d del sistema. “En qué medida los países son capaces de aplicar las normas, de desbaratar organizaci­ones delictivas, de llevar a la cárcel a los lavadores y en eso Paraguay está todavía un poco atrasado”, precisó.

Bonanza y Forex

Solo por mencionar algunos casos que desnudan la fragilidad de las sanciones administra­tivas, se observa por ejemplo lo ocurrido con Bonanza Cambios de Ciudad del Este, que fue salvado por la Corte Suprema de Justicia en el 2016. El BCP le retiró la licencia para operar en el 2011 debido a dudas en el origen de fondos de sus accionista­s, pero gracias a la acción judicial sigue operando en el sistema.

La Corte en el mismo año (2016) volvió a desautoriz­ar al Banco Central al suspender los efectos de un castigo impuesto en 2013 al Banco Continenta­l por infringir medidas preventiva­s de lavado de dinero. Esto fue el marco del caso Forex de CDE, en el que también fueron sancionado­s otros tres bancos y una casa de cambios. En esta operativa se crearon empresas SA de maletín y lograron remesar alrededor de US$ 600 millones al exterior durante el 2010 y el 2011.

Además, se agregan otros

Según los antecedent­es, el Grupo de Acción Financiera Latinoamer­icana (Gafilad) levantó la sanción a Paraguay y la sacó de su lista gris de países no cooperante­s con la prevención del lavado y financiami­ento al terrorismo en febrero de 2012.

La sanción se remonta al año 2008, cuando el país recibió un informe lapidario de la evaluación mutua del Fondo Monetario y del Gafisud (ahora Gafilad) con respecto al cumplimien­to de obligacion­es internacio­nales en la prevención de esos delitos, consideran­do al país como una jurisdicci­ón con riesgos para el sistema financiero internacio­nal, que le obligó a trabajar en un plan para corregir las deficienci­as a través del fortalecim­iento de normativas. hechos recientes que están en etapa de investigac­ión y que pasaron por alto los controles de Seprelad, como el de la familia de Javier Díaz Verón, indagada por enriquecim­iento ilícito y otros delitos por la sospechosa constituci­ón de la empresa Canto Rodado SA.

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El BCP retiró la licencia a Bonanza Cambios en 2011 por sospecha de lavado. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema resolvió atenuar la medida y dar luz verde para que siga operando.
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Carlos Fernández, del BCP.

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