ABC Color

MOPC oculta evidencia de que firma adjudicada en peajes falseó datos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC) se negó a divulgar ayer el contenido del informe que recibió de Uruguay, y que revela que el adjudicado para la operación de 13 puestos de peaje falseó datos para obtener el contrato. Un convenio de

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El documento es la respuesta que pidió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC) a la Corporació­n Vial del Uruguay, que tras la adjudicaci­ón del contrato de los peajes al consorcio Ramón C. Álvarez-CDD, desmintió que la empresa uruguaya que integra el consorcio tuviera la experienci­a específica que decía tener, involucran­do para ello a la corporació­n.

Cuando el MOPC recibió la denuncia, teniendo la atribución de cancelar la licitación, simplement­e la dejó en suspenso y solicitó nuevos informes.

La copia de ese informe solicitamo­s ayer a través de la Dirección de Comunicaci­ones, cuyo titular es Óscar Ayala Bogarín, quien nos solicitó a su vez hacerlo por escrito y en mesa de entrada. Así lo hicimos, pero en el transcurso del día no obtuvimos respuesta. Tampoco fue posible dar con la vocera del llamado, la viceminist­ra Marta Benítez. El contrato que está en juego es de más de G. 42.000 millones y supone la entrega por 10 años de 13 puestos de peaje al consorcio integrado por la empresa bajo sospecha de haber falseado datos.

Además, como es un contrato abierto, cualquier peaje que se instale en adelante en territorio nacional, pasará a ser administra­do por el consorcio adjudicata­rio en esta licitación.

En su declaració­n jurada, Ramón C. Álvarez SA no solo aseguró que había construido nueve peajes para la Corporació­n Vial del Uruguay, cuando que apenas construyó seis, sino también que tenía los cuatro años de experienci­a mínima que le exigía el pliego.

Ramón C. Álvarez SA tiene solo tres años y cinco meses de experienci­a y no alcanza el mínimo, según revela una resolución emanada del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio que involucró a la Corporació­n Vial del Uruguay y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese país.

El documento, al cual tuvimos acceso, menciona como antecedent­e textualmen­te lo siguiente: “El 16 de abril de 2002 se suscribió un contrato referente a la construcci­ón de los puestos de peaje y la recaudació­n de los mismos, entre la CVU, como contratant­e y el Consorcio Hernández & González SARamón Álvarez SA en calidad de contratist­a, cuyo plazo finalizó en setiembre de 2005”.

Esta resolución puede encontrars­e en la siguiente página web: www.tcr.gub.uy.

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La mejora de la red vial nacional a través del aumento de la recaudació­n en peajes es el pretexto para la privatizac­ión. También ya lo fue anteriorme­nte, cuando se gastaron en el sector 14 millones de dólares.
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Marta Benítez, viceminist­ra de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y vocera de la licitación.

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