No se puede usar la justicia contra la libertad de prensa
VAN A TENER QUE ELEGIR DE QUÉ LADO ESTÁN Guilherme Canela, consejero de la Unesco en Comunicación e Información para América Latina, advierte que jueces y fiscales tienen que elegir de qué lado están en este proceso de lucha contra la corrupción y el crim
–¿Cuál es su profesión?
–Soy politólogo. Empecé mi carrera en la Universidad de Brasilia y la maestría hice en Ciencias Políticas en la de São Paulo.
–¿El motivo de su presencia en Paraguay, justo en una se- mana caliente en que periodistas de investigación se sienten agredidos por el poder?
–Desde hace cinco años venimos cooperando con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la formación de operadores judiciales sobre todo jueces, pero también fiscales y defensores públicos. Hicimos una evaluación pero también estuvimos en un seminario internacional en la Corte para discutir algo que para la Unesco es fundamental: la relación entre los periodistas y los sistemas de justicia.
–¿Cuál fue la discusión?
–Partimos de la base de que una prensa libre y un Poder Judicial independiente y autónomo son condiciones esenciales para la consolidación de la democracia, y nos parece sumamente relevante que el diálogo –manteniendo la independencia– entre periodistas y operadores judiciales es fundamental en pos de ese objetivo.
–Si hay abismos en la relación es que algo anda mal.
–Efectivamente hay desafíos, diferencias a vencer. Por ejemplo, los tiempos del periodismo son distintos a los tiempos de la justicia, lo cual no justifica que el Poder Judicial no ofrezca información transparente y con frecuencia a la prensa. La segunda cuestión importante son las diferencias de lenguaje. Por una parte, el periodismo tiene que comprender el funcionamiento de la justicia y sus lenguajes en particular, pero también los jueces y fiscales tienen que empezar a dialogar en un lenguaje más entendible para que el público comprenda sus fallos. El tercer desafío es el acceso a la información pública y la transparencia del propio Poder Judicial. Esto obliga a una política de acceso y transparencia de sus actividades.
–¿Cuál es su recomendación cuando los periodistas son llamados a declarar por publicar una investigación? Es evidente que hay un afán de amedrentar, de castigar por divulgar asuntos que incomodan al poder.
–Lo primero es transparentar, documentarse. Es fundamental que los propios periodistas y sus medios –abogados también– conozcan los estándares internacionales de libertad de expresión para que al llegar a una audiencia estén preparados sabiendo cuáles son exactamente sus derechos y decirle por ejemplo al juez o al fiscal: “Esto ya es jurisprudencia de la Corte Interamericana...”. Es cierto que en la región hay un indicador de que han aumentado las demandas para que los periodistas se presenten en los tribunales a hablar de sus publicaciones. Ahí hay un problema. Ahí hay que disparar los mecanismos que existen, hacer saber a los relatores especiales de libertad de expresión de que estas cosas están ocurriendo.
–Hay que agregarle el ingrediente de la impunidad que campea. Los casos de procesos, sentencias contra las que manejan el poder, sobre todo políticos, como vemos en Argentina, Brasil, Perú ahora, son nulos en Paraguay. Aquí son todos “carmelitas descalzas”.
–Claro. En Unesco tenemos un manual para periodistas que se llama “Investigación a partir de historias”. El autor es un periodista franco-americano que se llama Mark Lee Hunter. Algo que él dice es que el periodista de investigación siempre tiene que pensar que podrá terminar en un tribunal con su historia. Entonces, la primera cosa es tener muy bien documentado de cómo llegó adonde llegó. Por supuesto, no tiene que revelar sus fuentes de información. Tiene que protegerlas pero tiene que estar seguro que si alguien le pregunta, tiene cómo demostrar que lo que está diciendo tiene sustentación. No estamos hablando de opinión porque la opinión es una cosa y el periodismo de investigación otra. Yo recomendaría a los periodistas de investigación que encuentren los protocolos para decir: “Señores, acá está. No tengo ningún inconveniente. No puedo revelar las fuentes, pero los procedimientos periodísticos fueron seguidos”. Finalmente, yo creo que hay que buscar una alianza entre los buenos. La sensación que yo tengo trabajando en toda la región con periodistas, jueces y fiscales es que la mayoría, en ambos lados, quieren más democracia, más libertad de expresión. Tenemos que lograr que los éticos del lado del periodismo y del lado de la justicia trabajen mancomunadamente para combatir la corrupción, para hacer valer los estándares internacionales. Ahí vamos a salir airosos y los pocos que hacen mal, pero que son muy ruidosos, van a quedar aislados. Este tiene que ser el objetivo.
–La sensación es que políticos poderosos instrumentan a los tienen que impartir justicia.
–Y es cierto que a veces ocurre eso, pero nuestras investigaciones demuestran que la mayoría de las veces es pura ignorancia
en la aplicación de los estándares internacionales. No se puede usar el derecho penal para tratar cuestiones de libertad de prensa. Las leyes de difamación deben ser derrogadas. En el Plan de Seguridad de Naciones Unidas, la seguridad jurídica de los periodistas establece que no se debe usar indebidamente el sistema judicial para reprimir la libertad de prensa. Jueces y fiscales que usan esos instrumentos tienen una agenda oculta.
–Puede ser malicia también.
–Los propios países de la región incluyendo Paraguay han firmado convenios internacionales que impiden hacer eso. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claras en el sentido de que eso no se puede hacer. Desde hace cuatro o cinco años estamos haciendo un amplio proceso en toda la región de formación de jueces y fiscales en esta materia. Han pasado ya más de seis mil incluidos varios de Paraguay.
–Parece que no aprenden. Se sigue usando como “garrote”. Someten al periodista a un interrogatorio infernal. Es como si lo llamaran para azotarlo.
–Lo que tenemos que hacer es sumar aliados. Estamos seguros que los jueces y fiscales, operadores de justicia que pasan por este tipo de formación se convierten en aliados de la libertad de expresión. Uno de los principales problemas de la seguridad de periodistas en el mundo es la impunidad que hay respecto a los crímenes. De los más de mil casos de asesinatos de periodistas en los últimos 10 años, menos de 10% llega al sistema judicial y de los que llegan, solo 1% tiene sentencia contra los autores materiales y a veces intelectuales de los crímenes. Ustedes tuvieron el caso de Pablo Medina, donde parte de los involucrados en el sistema de justicia, fiscales, jueces pasaron por este proceso de formación. Es uno de los pocos casos en América Latina donde el autor intelectual del crimen está condenado. Es una excepción que quizás confirme la regla pero es una demostración de que cuando se empieza a hacer una discusión de cuáles son los parámetros de investigación de crímenes contra periodistas, hay avances en esta perspectiva. Para que tenga una idea, hace 20 años –que en términos históricos no es nada– América Latina solo tenía un país con ley de acceso a la información pública. Hoy solo cuatro no la tienen. Entonces, ¿cuál es la tendencia acá? La tendencia es por la transparencia. Es lo que ha ayudado a avanzar en casos como la Operación Lava Jato en Brasil.
–La Operación Lava Jato empezó con investigaciones periodísticas.
–La verdad es que empezó con investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Federal de Brasil; sin embargo, muchos de los elementos subsecuentes fueron resultados de investigaciones periodísticas, eso en Brasil. En muchos países de la región los “hijos” de la operación Lava Jato fueron descubiertos por periodistas que escucharon que el problema no se resumía a Brasil y empezaron a escarbar y encontraron en Perú, El Salvador, entre otros.
–Es la mejor demostración de que entre los políticos no existe la “pureza encarnada” como quieren hacerse pasar aquí.
–Ojalá los operadores judiciales y otros funcionarios públicos se den cuenta de que la cuestión hoy es de qué lado de la historia van a querer estar: del lado que promovió el acceso a la transparencia o del lado que fue un obstáculo para el acceso a la transparencia. Tarde o temprano, la agenda que va a salir victoriosa es la agenda del acceso a la información pública y la transparencia. Este año es muy interesante para promover este objetivo porque estamos conmemorando varias efemérides como los 270 años del libro El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, pero también son los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH., donde se estableció internacionalmente el derecho de acceso y de libertad de expresión en el artículo 19. También estamos recordando los 50 años del asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos. Él fue un gran defensor de las libertades civiles. También se están celebrando los 40 años de la Corte Interamericana de DD.HH. Son acontecimientos que muestran que esta defensa no es de hoy. Hubo mucho sufrimiento en este camino hacia un mundo más democrático, de más protección de los DD.HH.
Ustedes, periodistas, jueces y fiscales son fundamentales para este proceso de protección de los derechos humanos. Sin buenos periodistas pero también sin buenos jueces y fiscales operando con autonomía, con independencia y con seguridad, la marcha va a ser más larga y penosa en este proceso. Había un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos a principios del siglo XX, Louis Brandeis, que decía algo muy relevante: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.