Candidato promete que luchará por la inclusión
Mario Marecos, activista por los derechos de las personas con discapacidad, busca la diputación de Asunción por el Partido de la A (Lista 500). Denuncia que el Gobierno fracasó en aplicar las leyes vigentes y hacen letra muerta la inclusión real de este s
“Estando en el Congreso no voy a necesitar un curul porque ya lo tengo hace 39 años. Este es mi curul (su silla de ruedas), esta es mi grandeza y es mi problema”, manifestó ayer.
En un mensaje a los electores dijo “animarle a la gente a que salga a votar y a elegir con conciencia. Olvidar el pasado y entender que este es el presente y que el futuro está en la ciudadanía, no en los políticos”.
Así también, fustigó el sistema electoral de listas sábana. “Amo esta nación, pero esta nación no es democrática, porque no podemos elegir fácilmente a quien queremos elegir. Elegimos tristemente a quienes las listas sabana digitan y por eso la ciudadanía tiene un rol mucho más preponderante hoy. Que la ciudadanía entienda que ellos tienen que elegir y hacer el cambio”, aseveró
Marecos señaló que entre sus principales reclamos al gobierno de Cartes figura el incumplimiento de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad ratificado por Paraguay en 2008.
Lamentó que actualmente con su condición no puede salir a la calle; acudir a un sistema de salud o de trabajo ante miles de barreras, siendo la más importante el estigma en que lo consideran incapaz de cualquier cosa.
Subrayó que en Paraguay actualmente residen cerca de 1.400.000 personas con algún tipo de discapacidad, en un sistema de salud deficitario y discriminativo.
Igualmente cuestionó que el gobierno de Cartes hable de inclusión cuando el concepto de la simple “apertura” ya es insuficiente, especialmente cuando más de 1.000.000 de personas con discapacidad, dispuestas a aportar, no están incluidas laboralmente.
Sobre la inclusión laboral en el Estado, denunció que la ley vigente obliga el acceso de un 5% (14.000 personas). Sin embargo, este gobierno en cinco años incluyó a 15.000 funcionarios y solo dio acceso a 1.000 personas de este sector.