Instancias agotadas
El Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih) manifestó su apoyo a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, por no pagar un inmueble con supuesto título irregular que está en litigio judicial desde el año 2008, luego de que el M
El sindicato, a través de un comunicado, felicita a la ministra Giménez por no realizar el pago, a pesar de haber sido denunciada ante el Ministerio Público por supuesto desacato.
“Debemos aplaudir este tipo de posturas donde la señora ministra busca cuidar el dinero de todos los paraguayos, evitando ceder a presiones externas donde intentan que el Estado paraguayo compre su propia propiedad”, indica el Prisifumih en la nota emitida.
El caso guarda relación con el juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre ejecución de resoluciones judiciales”, que obliga al Estado a pagar más de G. 18.00 millones (US$ 3,2 millones) por un inmueble (Finca 2108 con Padrón 3146 de Itakyry).
Las autoridades de los diferentes organismos del Estado involucrados en esta causa, encabezadas por el Ministerio de Hacienda, denunciaron ante la opinión pública, en una conferencia de prensa a mitad de semana, que la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún denunció a la ministra Giménez por desacato y afirmaron que la medida era más bien para forzar el pago por unas tierras con titulación irregular y que siempre pertenecieron al Estado.
De acuerdo con los antecedente que se dieron en la conferencia de prensa, en 2008 la citada finca fue fraccionada para ser vendida a través de un contrato privado al MOPC y, a pesar de que debía contar con una nueva nomenclatura catastral, mantiene el mismo número.
A esto se agrega que está pendiente la calificación registral, por la presunta irregularidad contenida entre el título y la ubicación de la tierra, lo que en 2008 motivó que el mismo MOPC rescindiera el contrato administrativo de compraventa y revocara la adjudicación a los que reclaman el pago. En contrapartida a la posición de las autoridades de las diferentes instituciones públicas, los vendedores de las tierras consideran que corresponde el pago porque ya se agotaron todas las instancias judiciales y todos fallaron a favor de esta medida. La abogada Gilda Bordón, que representa a los demandantes en el juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre ejecución de resoluciones judiciales”, sostiene que se quiere hacer creer a la opinión pública que se le está supuestamente obligando injustamente a pagar a la ministra Giménez.