Contraloría pide más datos a ANNP sobre cuestionada cesión de puerto
La Contraloría General de la República (CGR), que investiga la cuestionada cesión del puerto de Concepción por 20 años a Baden SA, pidió más documentos a la ANNP sobre esta operación. La firma de referencia está ligada al padre del ministro de Obras Públi
La Contraloría envió ayer la nota N° 1180 al presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Héctor Duarte, a través de la cual solicita información complementaria acerca de la “Alianza Operacional Estratégica” con la empresa Baden SA, una sociedad compuesta por accionistas de Imperial Shipping y el Consorcio de Ingeniería Electromecánica SA (CIE). De esta última empresa forma parte el padre del titular de MOPC, que al igual que su hijo también se llama Ramón Jiménez Gaona.
“El pedido obedece a que resulta imposible acceder a los documentos a través de la web institucional ANNP. Lo solicitado deberá ser remitido en un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la presente”, señala la nota firmada por el contralor general de la República, José Enrique García. La CGR, que había hecho una anterior solicitud en febrero pasado, pidió más datos en vista de que la ANNP no envió toda la documentación necesaria para determinar si la operación fue legal. La idea es seguir estudiando los datos hasta llegar a las conclusiones.
Entre lo solicitado figura el Pliego de Bases y Condiciones para la explotación de la terminal portuaria de Concepción, tanto del primer llamado, declarado desierto, como del segundo, adjudicado a Baden; adendas emitidas en el marco del segundo llamado y notas aclaratorias realizadas en el marco del segundo llamado.
Al margen de la ley
Según los datos, si bien las autoridades de Puertos hablan de una “Alianza Operacional Estratégica”, lo que se realizó en la práctica fue una concesión, pero sin regirse por la Ley de Concesiones (que debe aprobar el Congreso); también obvió la Ley de Alianza Público-Privada (administrada por Obras Públicas) y la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Simplemente se basó en el Decreto N° 12297/2008 sobre tarifas, que no menciona absolutamente nada sobre este tipo de operaciones, y en dos resoluciones internas de la institución (ver infografía).
En conversación con este diario, el gerente administrativo y financiero de la ANNP, Pedro Villalba, dijo ayer que aún no tuvo acceso a la segunda nota del ente contralor, pero que contestarán así como lo hicieron en la anterior ocasión. “Vamos a ir contestando porque tenemos la respuesta para todo lo que nos soliciten”, aseguró.
De acuerdo a un comunicado que había emitido Puertos meses atrás, la cuestionada “alianza” se sustenta en el Decreto N° 12297/08, numeral 8.1, “el cual faculta a la ANNP a suscribir convenios de alianza comercial y operativa estratégica con empresas del sector privado”. Sin embargo, si nos remitimos al numeral 8.1 de ese decreto, vemos que este en ninguna parte menciona operaciones de esta envergadura, sino que apenas se refiere a que “el canon de arrendamiento de oficinas y espacios físicos, dentro de sus recintos portuarios, será establecido por resolución de la presidencia del directorio de la ANNP”. Aún así, desde esa institución aseguran que la operación fue legal y que no hubo ningún tipo de maniobra en beneficio de Jiménez Gaona.
Al mismo tiempo, el representante de Baden SA, Fabián Sesto, indicó ayer a ABC que todo se hizo bajo estudio de abogados y que no temen que la CGR encuentre irregularidades en la firma del contrato con la ANNP. “Todo está hecho bajo las reglas de leyes nacionales, no estamos preocupados en lo más mínimo”, subrayó.
En cuanto a la inversión en el puerto de Concepción, que hoy ya está operativo, informó que la empresa lleva invertidos cerca de US$ 8 millones, con lo que “se ha cumplido en exceso la inversión mínima acordada de US$ 5,5 millones”. La empresa operará por 20 años la terminal portuaria, según los términos del contrato, pero existe posibilidad de común acuerdo entre las partes de extender el plazo a 30 años.