Transporte, otro archivo del terror, según técnico
El Viceministerio de Transporte es un antro de corrupción, acusó Andrés Mallada, técnico del sector. Puso de ejemplo el caso de la firma San Agustín (línea 11), a la que se le canceló el itinerario por operar con menos buses de lo declarado y le otorgó a
El sistema de transporte público de pasajeros mueve millones de dólares al año, dependiendo del corredor, del itinerario que cubre una empresa. Por ejemplo, el corredor Mariscal López cuesta unos US$ 300.000, por lo que es una de las más apetecidas, explicó ayer a nuestro diario el técnico del sector Andrés Mallada.
La cantidad de dinero que maneja el sistema permite que dentro del Viceministerio de Transporte opere una rosca corrupta desde 2014 (Antes era la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama), que aplica las sanciones o adjudica licitaciones de acuerdo a la afinidad personal o política, según manifestó el técnico.
Uno de los casos más recientes afecta a la empresa San Agustín (línea 11), de Agapito y Ventura Sosa, a la que el Viceministerio de Transporte, a cargo de Agustín Encina, le canceló el itinerario, pese a invertir US$ 1.000.000 en la adquisición de nuevos buses, explicó. “Mató a una empresa, dejó a sus propietarios con una millonaria deuda, porque tuvieron que solicitar préstamos para comprar los nuevas unidades. El itinerario le adjudicó a Juan Carlos Aveiro y su grupo”, expresó Mallada.
Aveiro es el dueño de Transporte Lambaré (TTL), que explota las líneas 23, 24 y 33.
Existen documentos que demuestran la estrecha vinculación del viceministro Encina con el empresario. Le representó en varias causas judiciales, por ejemplo.
Para sancionar a San Agustín, el Viceministerio argumentó que la misma estaba operando con 28 unidades el corredor Areguá, Luque, Asunción y no con 40 como había declarado ante la institución reguladora. Una práctica común en la mayoría de las empresas.
La Contraloría de la República amerita que audite el Viceministerio de Transporte, o en todo caso Auditoría General del Poder Ejecutivo. “Espero que lo haga el próximo gobierno porque estoy seguro que encontrará el segundo archivo del terror del país”, concluyó.
Consultado al respecto el titular del Viceministerio de Transporte respondió que “primero deberíamos averiguar los antecedentes de Mallada”.
Mencionó que la Setama y luego el Viceministerio de Transporte le denunció ante el Ministerio Público por presentar documentos falsos. Uno de los casos se remonta al año 2013. El más reciente radicaron el 13 de noviembre del año pasado por la presentación de certificados falsos del IPS en la licitación de la línea 102, explicó.
El intendente asunceno Mario Ferreiro desmintió ayer lo dicho por su propio jefe de Gabinete Marcelo Mancuello, quien afirmó que se daría el permiso para devastar 34 hectáreas del Parque Guasu. Ferreiro dijo que necesita tiempo para analizar el tema. Sin embargo, ya tuvo casi un año para decidir a partir de la suspensión de las obras. El problema nuevamente fue “congelado”.
Las obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de construcción de dos lagunas de atenuación de crecidas continúan paradas y seguirán así al menos hasta este domingo, según el intendente.
“El lunes tendremos un escenario político más definido en el país”, manifestó. Su Jefe de Gabinete Marcelo Mancuello indicó el domingo a ABC que la decisión de otorgar el permiso ya estaba tomada y que se daría a conocer esta semana. No obstante, ayer el jefe Comunal aseguró que hay otras alternativas de mitigaciones en el curso de Itay, y no solo en el Parque, pero que en el caso de que se haga allí, hay otras formas de hacerlo sin afectar la totalidad del parque.
Por otra parte, miembros de “Salvemos el Parque Guasu” dieron una conferencia de prensa exigiendo respuestas a la Municipalidad y pidiendo el cumplimiento de la resolución que dicta la suspensión de obras.
Recordaron que no hay ningún convenio ni contrato que ligue a la Municipalidad a permitir las obras al MOPC. Pidieron que se tome en cuenta la recomendación del BID, de otros 27 lugares disponibles para hacer las lagunas. Anunciaron que podrían judicializar el caso.