Desde el 2023, la tarifa de Itaipú debe bajar al 40% de su actual valor
Este jueves, el Tratado de Itaipú cumple 45 años. La intención de estas entrevistas con técnicos del sector es aprovechar esa altura para conocer, al menos algunos perfiles de la cima: el 2023, tras medio siglo de vigencia del controvertido instrumento jurídico. ¿Es relevante esa fecha para nuestro país?, responde el Ing. Orlando Valdés.
–¿Qué debería entender el ciudadano paraguayo, por “revisión” del Anexo C? ¿Cuáles son sus alcances y límites?
–La ciudadanía debe entender, para hacerlo fácil, que la revisión del Anexo C del Tratado es un hito importantísimo en la existencia de la Itaipú Binacional. Indica que se pagaron todas las deudas contraídas para su construcción y que a partir de ese año, el 2023, el costo del servicio de electricidad de Itaipú ya no incluirá en su presupuesto el rubro pago de deuda.
Recordemos que los recursos necesarios para la amortización de la deuda tiene un peso superior al 60% en la composición de la tarifa, hoy establecida en US$ 22,6
Kw-mes. Con la cancelación de la deuda, la tarifa debería reducirse aproximadamente al 40% del valor actual, es decir, a US$ 9,04 Kw-mes.
Los beneficios de esta rebaja de la tarifa de Itaipú deben transferirse en forma directa a los usuarios de la ANDE, vía reducción de la tarifa,
ya sea para uso residencial, a fin de elevar la calidad de vida de los paraguayos, así como en el área comercial e industrial como incentivo a la creación de fuentes de trabajo.
También debemos considerar que estimulando el uso de la energía eléctrica estaremos adecuando nuestra matriz energética a la realidad nacional, reduciendo nuestra dependencia de combustibles de origen fósil, importado y finalmente reducir la deforestación de nuestros bosques.
–¿Qué debe reclamar en la mesa de negociaciones la representación de turno del Gobierno paraguayo a su contraparte brasileña?
–Simplemente exigir el cumplimiento de lo establecido en el Tratado y en sus documentos complementarios, que se traducirá en la reducción de la tarifa de la energía de Itaipú. Y, considerando la demanda de potencia y energía que nuestro país requerirá en esa oportunidad, eliminar el concepto de cesión de energía e implementar lo estipulado en el acuerdo Lugo-Lula, que establece la venta de los excedentes de la producción paraguaya de Itaipú a los clientes del sector eléctrico brasileño a precio de mercado.
Resaltamos que en Yacyretá, hasta el momento, se obvió la aplicación de lo establecido en el Tratado, que establece la revisión de las cuentas para el año 2014, por lo que el Paraguay está siendo condenado, de manera irregular e injusta, a pagar una cuenta que no es de su responsabilidad. Esperamos que esto no se repita en Itaipú en el 2023.
–La experiencia que recogimos en Yacyretá no es muy alentadora, porque, en definitiva, seguiremos cediendo nuestra energía a cambio de una “compensación” que apenas supera los US$ 10/MWh.
–Lo que ocurre en Yacyretá es un negro precedente para la tarea futura de “revisión” que se deberá realizar en Itaipú. Lo hasta hoy acordado en el Acta Macri-Cartes,
legitima la pérdida de nuestra soberanía sobre la energía paraguaya producida en la binacional Yacyretá. Por otra parte, se renuncia al criterio de proporcionalidad para el pago de la deuda contraída para la construcción del emprendimiento, establecido claramente en el Tratado y que se cumplirá, esperamos, sin ningún impedimento en Itaipú.
Es gravísimo que el Paraguay asuma como suya la responsabilidad de pagos que corresponden mayoritariamente a la Argentina, mencionamos un ejemplo: el desembolso en concepto de “Territorio Inundado”, nunca honrado por la Argentina, que se concretaría en un porcentaje diferente a lo determinado en el Tratado y fuera de los plazos establecidos, al ser reconocidos como deuda de Yacyretá y no de EBISA (Argentina) los montos destinados para estos pagos, por lo que finalmente serán pagados por los usuarios de la ANDE, a través de una tarifa sobreevaluada para el efecto y que además tiene el objetivo bien claro de reducir, por el mayor tiempo posible, el consumo de la energía paraguaya generada en Yacyretá por los usuarios paraguayos.
–¿Qué debemos hacer para que no se repita tan magra cosecha y, peor aún, que los negociadores traten de justificarse ante el pueblo paraguayo con argumentos como que “fue lo mejor que pudimos conseguir”.
–La zanahoria que los hermanos argentinos cuelgan delante de los codiciosos negociadores “nacionales” es la promesa de que ellos participarían, primero, en la construcción de las obras adicionales en Yacyretá, consorciándose con empresas internacionales y, posteriormente, también en la supuesta venta de la producción energética de las obras anexas a través de empresas comercializadoras, que serán integradas por los mismos grupos de constructores paraguayos y argentinos, conforme a lo establecido en la Resolución del Consejo de Administración de Yacyretá N° 1049/2000, con lo que se violaría todo lo establecido en el Tratado de Yacyretá y sus documentos complementarios.
Lo que debemos hacer, como ciudadanos, es exigir el cumplimiento estricto del Tratado de Yacyretá, hasta hoy violada sistemáticamente, con la connivencia de las autoridades nacionales y demandar, como soberano, la rendición de cuentas y el castigo correspondiente de los que permitieron y continúan permitiendo la entrega sistemática de nuestra soberanía energética y territorial, en dicha binacional.
–Las recientes tratativas paraguayo-argentinas dejan otra lección al Paraguay, que las mismas pueden extenderse por varios años y el plazo inicial de medio siglo prolongarse hasta las fronteras de la impaciencia...
–Esa situación no se repetirá si el gobierno que asuma el 15 de agosto próximo incorpora la problemática de Yacyretá e Itaipú como causa nacional y no como meras negociaciones con las que solo se busca el mejor rédito posible para las cúpulas que se mantienen en el poder, sean oficiales o fácticos.
Esta reiterada política de manejo arbitrario de los recursos provenientes de las binacionales para mantener en el poder a una cúpula alejada y desinteresada de los intereses nacionales retrasó en por lo menos 20 años el desarrollo de la nación paraguaya debido a la falta de transparencia.
Es hora de transparentar, en todas sus dimensiones, el manejo de las binacionales para que la ciudadanía acompañe lo que sucede en estas empresas que pertenecen a todos los paraguayos. Las binacionales, incluida la Comip, deben dejar de ser un coto cerrado que solo beneficia a un grupúsculo de privilegiados por el poder de turno a costa de condenar a la pobreza a más del 28% de la población paraguaya.
–Entendemos que el principal reclamo nacional es la plena recuperación de su excedente energético en Itaipú y el pago de una tarifa real, de mercado por el mismo, aun cuando sea Brasil el que lo lleve y aproveche. ¿De qué carece el país para que esos reclamos se hagan realidad?
–En primer lugar, a pesar de lo que sostengan los eternos administradores del sector eléctrico namejores cional, debemos construir la infraestructura necesaria para acceder –no precisamente retirar– a toda nuestra energía en Itaipú y Yacyretá.
Recordemos que es necesario, por razones de confiabilidad, disponer de un huelgo de por lo menos el 30% en las instalaciones de generación, transmisión y distribución, por lo cual dicha inversión, técnicamente hablando, nunca será en vano. Este huelgo garantiza la excelencia del servicio eléctrico. Hoy la ANDE opera al límite o por encima de los límites recomendados en sus instalaciones. Sus consecuencias están a la vista, especialmente de sus su- fridos usuarios.
La construcción de estas instalaciones permitirá que nuestro país explore las diferentes alternativas que adicionalmente generará esta disponibilidad de infraestructura para la determinación de la mejor utilización posible de la mayor riqueza conocida de la que dispone nuestro país: la energía eléctrica limpia y renovable.
–Algunos técnicos sostienen que basta con que nuestro país compre toda la energía que le corresponde, que ni siquiera se necesita modificar el Tratado.
–Lo que se debe concluir es la “revisión”, en tiempo y forma, del Anexo C, con esto se reducirá la tarifa de la energía paraguaya en Itaipú a valores accesibles y una de las alternativas que se presentará es la de poder contratar toda la potencia paraguaya disponible en esa binacional. Luego de esto, con la infraestructura ya construida para el acceso total a nuestra parte en las binacionales, será posible encarar aplicaciones para nuestra producción energética, ya sea en nuestro país u opcionalmente para su venta o intercambio con los países vecinos interconectados, debidamente interconectados a nuestro sistema eléctrico nacional.
–¿Basta que el gobierno de turno cuente con un buen equipo negociador o, como dicen otros especialistas, incluso extranjeros, el mismo debe sentir a sus espaldas “el calor popular” y, más aún, el tema debe ventilarse en todos los foros, especialmente internacionales?
–En primer lugar es necesario determinar, con la mayor responsabilidad posible, qué es lo más conveniente para nuestro país, mediante consultas públicas a los diferentes actores de la sociedad paraguaya. Es inadmisible establecer políticas de uso de nuestra energía sin la participación de la ciudadanía, entre cuatro paredes. Una vez determinados los objetivos, que deben contar con el apoyo mayoritario de la población, su aplicación, en consonancia con la letra de los tratados, no debería ser muy complicada, considerando que se convertiría en causa nacional. Hoy existen pronunciamientos mentirosos que aseguran que a partir del año 2023 sobraría en Itaipú más de US$ 1.000 millones al año, nada más alejado de la realidad.
–Nuestro país pagó un elevado costo de oportunidad debido a la “interpretación oficial” del Tratado. Se demostró inclusive el efecto multiplicador que tuvo para la economía brasileña la “cesión” de la energía paraguaya, así como el empobrecedor que tuvo para el nuestro. Luego de 50 años, ¿deberíamos olvidar esa hemorragia o pedir una “compensación justa”, una “reparación histórica”?
–Lo sucedido y lo que continúa sucediendo, de manera vergonzosa e insostenible en Itaipú, en mayor medida en Yacyretá, es de responsabilidad exclusiva de sus administradores paraguayos. La posición entreguista de unos cuantos vendepatrias, acomodados en la administración de la cosa pública, incluidos los tres poderes del Estado, los partidos políticos tradicionales y algunos representantes de la sociedad civil organizada debe acabar. A causa de estos sinvergüenzas, que han venido manejando las binacionales como cotos privados, las mismas se han convertidos en enclaves de nuestros vecinos. Esto solo terminará cuando los culpables de tamaña ignominia sean castigados ejemplarmente, como en el Brasil, donde los Odebrecht, parlamentarios y ejecutivos del Brasil hoy pagan sus delitos en las cárceles de ese país. Esto indefectiblemente llegará a nuestro país.
El “mecanismo” corrupto debe acabar y, por ahora, todo depende de la actitud que asumirán en el futuro próximo las autoridades recién electas, por el voto popular, para el manejo de la República. Las opciones que los electos disponen son: más de lo mismo o el cambio, para la redención del Paraguay.
Las binacionales, incluida la Comip (Comisión Mixta Paraguayo-argentina del río Paraná), deben dejar de ser un coto cerrado que solo beneficia a un grupúsculo de privilegiados por el poder de turno a costa de condenar a la pobreza a más del 28% de la población paraguaya.
“Lo que se debe concluir es la ‘revisión’, en tiempo y forma, del Anexo C del Tratado, con esto se reducirá la tarifa de la energía paraguaya en Itaipú a valores accesibles y una de las alternativas que se presentará es la de poder contratar toda la potencia paraguaya disponible en esa binacional”.