45 años de inicua explotación colonialista.

Hoy hace 45 años, en Brasilia, en presencia de los dictadores militares de Brasil y Paraguay, Emilio Garrastazú Médici y Alfredo Stroessner, respectivamente, los cancilleres de ambos países, Mario Gibson Barboza y Raúl Sapena Pastor, firmaron el Tratado de Itaipú. Se trató de la antipatriótica entrega de un filón de soberanía nacional a nuestro vecino, consistente en la mitad del caudal del portentoso río Paraná, equivalente a los territorios que nos arrebató el vecino país mediante la infame guerra de la Triple Alianza. A nadie debe extrañar, entonces, que en libertad el pueblo paraguayo vea al Tratado de Itaipú como un desastre no mitigado en términos del interés general del país, por lo que espera que el nuevo Gobierno nacional encabezado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, negocie con firmeza el fin de esta inicua explotación neocolonialista de que es víctima nuestro país en el mencionado emprendimiento compartido. Si nuestras nuevas autoridades demuestran una actitud en ese sentido desde el primer momento para recuperar lo que nos escamotea nuestro socio en Itaipú, los paraguayos y las paraguayas deben acompañar entusiastamente ese esfuerzo.

Hoy hace 45 años, en Brasilia, en presencia de los dictadores militares de Brasil y Paraguay, Emilio Garrastazú Médici y Alfredo Stroessner, respectivamente, los cancilleres de ambos países, Mario Gibson Barboza y Raúl Sapena Pastor, firmaron el Tratado de Itaipú. Tras una mascarada de aprobación por el Congreso paraguayo, el 13 de agosto de ese mismo año en el Palacio de López tuvo lugar la ceremonia de canje de los instrumentos diplomáticos ratificatorios del tratado firmado en Brasilia por los mismos cancilleres.

A diferencia del Tratado Loizaga-Cotegipe que nos impusiera el Imperio del Brasil el 9 de enero de 1872 para la liquidación diplomática de la guerra de exterminio que nos trajera la infame Triple Alianza, por el que nos arrebató definitivamente el extenso territorio situado entre los ríos Apa y Blanco, el de Itaipú no fue uno impuesto por el vencedor al vencido, sino la antipatriótica y voluntaria entrega por parte del dictador Alfredo Stroessner de un filón de soberanía nacional a nuestros verdugos de antaño: la mitad del caudal del portentoso río Paraná, equivalente a la que nos arrebatara por medio de la fuerza en el pasado.

En el lapso transcurrido desde la puesta en marcha de la primera turbina generadora, de las 20 con que cuenta la usina binacional, hasta el presente, vale decir, desde 1984 hasta fines de 2016, el Paraguay aprovechó solo el 7,2 por ciento de los 2.281.239 Gigavatios-hora de la energía producida, pese a ser dueña soberana de la mitad de esa fabulosa cantidad, aportando la mitad de la fuerza hidroeléctrica que mueve las turbinas y generadores de la central y pagando puntualmente.

A nadie debe extrañar, entonces, que en libertad el pueblo paraguayo vea al Tratado de Itaipú como un desastre no mitigado en términos del interés general del país, por lo que espera que el nuevo Gobierno nacional encabezado por el presidente electo, Mario Abdo Benítez, negocie con firmeza el fin de la inicua explotación neocolonialista de que es víctima el Paraguay en el emprendimiento hidroenergético compartido con Brasil.

De cara a la revisión del Anexo C del tratado prevista para el 2023, el desafío para el nuevo presidente democrático del Paraguay es revertir esa conculcación de soberanía consentida por un dictador a espaldas de la voluntad del pueblo soberano, no de una manera timorata, como lo han intentado sus predecesores en el pasado, sino mediante una resuelta negociación de igual a igual. Todo con la finalidad de convenir con el Gobierno brasileño una forma honorable de poner fin al statu quo expoliador prevaleciente hasta ahora en la administración de la usina binacional.

En tal sentido, desde el momento de asumir, el nuevo presidente del Paraguay debe enfocar su mira en una nueva Itaipú, diametralmente diferente a la que ha sido durante medio siglo. En el 2023, la Itaipú habrá pagado toda la parcela de la deuda que asumió –incluida la espuria, contraída ilegalmente por imposición del Gobierno brasileño con la “Ley Funaro”, durante la presidencia de José Sarney–, con lo que nuestro país será, sin deber un dólar a nadie, propietario incuestionable de la mitad del joint venture que, como emprendimiento comercial, constituye Itaipú en el contexto de la legislación internacional.

En consecuencia, el nuevo Gobierno no tendrá muchas vueltas que dar para reclamar lo que es un derecho privativo del Paraguay en el único emprendimiento binacional que el Brasil tiene hasta ahora con los diez países limítrofes.

Por tanto, para llevar a feliz término la negociación con el Gobierno brasileño de cara al 2023, el presidente electo solo necesita de dos cosas: tener la voluntad política y el patriotismo que ninguno de sus predecesores tuvo para reclamar al Brasil lo que de justicia es del Paraguay, y

designar a ciudadanos probos y patriotas para el cumplimiento de tal cometido. No es lo mismo pedir favores a un Gobierno extranjero, que reclamar algo que es de nuestra propiedad.

Corren muchas especulaciones por boca de entendidos en materia energética, y ya es extensa la gama de estrategias esbozadas por los mismos con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado. Sin embargo, la cuestión es sencilla:

Paraguay no va a buscar ventajas ni implorar favores a Brasil. Simplemente va a exigir disponer libre y soberanamente de lo que es suyo en la usina: la mitad del activo de la misma y de la electricidad que ella produce. Esta última, para consumirla en casa, o venderla al mejor postor, preferencialmente a Brasil, pero a precio de mercado.

En resumidas cuentas, no hay variables técnicas indefinidas, ni imponderables geopolíticos o diplomáticos que ponderar. Con respeto y actitud diplomática apropiada, debemos ir a rescatar lo nuestro en la usina binacional. Con todo, no debemos ser incautos y pisar alguna cáscara de banana que nuestro taimado socio nos coloque en el camino por delante de aquí hasta el 2023, cuando ya no debe existir deuda que pagar. En ese sentido, el presidente electo, Mario Abdo Benítez, y su canciller anunciado, Luis Castiglioni, deben estar muy atentos al plan de endeudamiento propuesto por las autoridades brasileñas del ente –endosado entusiastamente por el director general paraguayo, James Spalding– supuestamente a los efectos de actualizar tecnológicamente el equipamiento de la usina por un monto cercano a los US$ 500 millones. No sea que eso resulte ser un caballo de Troya que nos regalen los brasileños para que, en 2023, nos digan: “Tenemos pendiente esta deuda y hasta tanto la amorticemos, no podemos renegociar el Anexo C”. Todo es posible con nuestros astutos y angurrientos socios.

Si el presidente electo Mario Abdo Benítez y los funcionarios que le acompañen demuestran desde un primer momento una actitud firme para recuperar lo que nos escamotea nuestro socio en Itaipú, los paraguayos y las paraguayas deben acompañar firme y entusiastamente ese esfuerzo destinado a poner fin a una inicua explotación colonialista que ya dura casi medio siglo.