La Corte Suprema necesita urgente saneamiento.

El senador Arnoldo Wiens (ANR) recordó que el futuro presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado durante su campaña electoral que, tras asumir el cargo, pediría la renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tal solicitud sería tan impropia del jefe del Poder Ejecutivo como lo sería que quien encabeza la máxima autoridad judicial requiera la dimisión del presidente de la República. Si los ministros han venido ejerciendo mal sus funciones o cometieron algún delito, deben ser destituidos por el Senado, previo juicio político promovido por la Cámara de Diputados. Lo que el presidente electo debe hacer es comenzar por el imprescindible saneamiento de la administración a su cargo, el Poder Ejecutivo, expulsando a los corruptos consuetudinarios e impidiendo que aparezcan otros nuevos. Y, a partir de allí, designar también como sus representantes en otros órganos a funcionarios probos y moralmente irreprochables, para generar confianza y servir de referencias. “Marito” no debe desgastarse en formular declaraciones que están fuera de su alcance y no podrá cumplir. Si diera buen ejemplo dentro de lo que le corresponde, recibiría el consiguiente firme apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas, con lo que cabría esperar que se expanda la corriente moralizadora para ir arrinconando a los bandidos y corruptos en sus madrigueras, y no dejarles salir nunca más.

El senador Arnoldo Wiens (ANR) recordó que el futuro presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había anunciado durante su campaña electoral que, tras asumir el cargo, pediría la renuncia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Vaya por delante que tal solicitud sería tan impropia del jefe del Poder Ejecutivo como lo sería que quien encabeza la máxima autoridad judicial requiera la dimisión del presidente de la República. Si los ministros han venido ejerciendo mal sus funciones o cometieron algún delito, deben ser destituidos por el Senado, previo juicio político promovido por la Cámara de Diputados. Es indudable que los aludidos no han venido actuando como tenían que hacerlo, de acuerdo a la Constitución, las leyes y la moral. No han preservado la independencia del Poder Judicial y han tolerado o perpetrado el prevaricato, el nepotismo y el clientelismo. Ninguno de ellos merece continuar en el cargo. Dicho todo lo cual, resulta inoportuno que se despierten falsas expectativas, como si la mera renuncia de los ministros o hasta su eventual destitución vayan a conllevar necesariamente una sustancial mejora de la administración de Justicia. El 6 de setiembre de 2003, el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, cuya candidatura ilícita a senador fue cohonestada justamente por la actual Corte Suprema de Justicia, anunció que iba a “pulverizar el Poder Judicial corrupto, que solamente aplica la ley a los pobres y no a los manguruyúes”. Un juicio político, acordado por todos los partidos con representación parlamentaria, concluyó en diciembre de ese mismo año con la remoción de los ministros Luis Lezcano Claude (renunció antes de que concluyera el procedimiento), Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, sobre quienes pesaban 14 cargos, entre ellos el de haberse declarado ya vitalicios. Meses después fueron designados César Garay, Sindulfo Blanco y Miguel Óscar Bajac, los mismos que en diciembre de 2014 fueron acusados, a su vez, de mal desempeño de sus funciones por una amplia mayoría de la Cámara Baja, sin que hasta la fecha hayan sido juzgados por el Senado debido a la falta de acuerdos sobre los eventuales reemplazantes, es decir, sobre el reparto de las vacancias. También durante el gobierno del “pulverizador” se incorporaron a la Corte Raúl Torres Kirmser y Alicia Pucheta de Correa. A todas luces, los nuevos miembros no mejoraron un ápice el funcionamiento de la institución. Mientras los politicastros del Congreso no renuncien al infame “cuoteo” partidario en el Poder Judicial, con su correlato clientelístico, de poco o nada valdrá que los nueve ministros actuales se aparten o sean apartados de sus puestos. Es evidente que si los reemplazantes son designados según los criterios tradicionales, la Corte continuará avergonzando a la República por su mediocridad e inmoralidad, por decir lo menos. Es evidente que a los politicastros, que seguirán primando en el nuevo Congreso, les tiene sin cuidado que sus compatriotas tengan igualdad de acceso a la Justicia, porque lo que les interesa –y mucho– es que correligionarios suyos estén en la suprema instancia judicial para que el consabido tráfico de influencias sea más fructífero, en su propio beneficio, en el de sus allegados o en el de sus parientes. Desde diciembre de 2014 funciona una Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia, integrada por 14 legisladores, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Judicial. Entre los primeros figura el diputado Bernardo Villalba, sospechado de tener nexos con el narcotráfico ;el Poder Judicial está representado por el ministro Raúl Torres Kirmser, adicto al nepotismo. Como era de esperar, aún no ha producido nada que haya servido para sanear la magistratura. Es que no basta con proponer leyes ni incluso con reformar la Constitución, porque el problema no radica en las normativas vigentes, sino en las condiciones morales e intelectuales de quienes deben cumplirlas y hacerlas cumplir. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos lustros es que la sana intención de los ciudadanos convencionales de 1992 fue groseramente desvirtuada por la “partidocracia”, que ha llegado a influir incluso en la elección de los abogados y de los profesores que forman parte del Consejo de la Magistratura, encargado de conformar las ternas de candidatos a agentes fiscales, jueces y magistrados y ministros de la Corte. A ello se suma que los representantes del Congreso no han sido de los mejores, ni mucho menos: basta con recordar que hoy lo son el diputado Clemente Barrios y el senador Enzo Cardozo, ambos notorios exponentes de lo más bajo de la politiquería. Se recordará que este último, procesado por el delito de lesión de confianza, sucedió al impresentable exsenador Óscar González Daher y que la conformación de la terna para ocupar la Fiscalía General del Estado se caracterizó por su falta de transparencia. Como no se puede encargar al Poder Judicial que se regenere a sí mismo, lo que corresponde es que quienes integran el Consejo tengan la honestidad y el coraje de liberarse de esa camisa de fuerza que es el color partidario, para atender, como corresponde, solo los méritos y las aptitudes de los postulantes. Mientras eso no ocurra, los futuros ministros de la Corte, surgidos de las ternas, no serán muy distintos de los actuales. En consecuencia, lo que el presidente electo debe hacer es comenzar por el imprescindible saneamiento de la administración a su cargo, el Poder Ejecutivo, expulsando a los corruptos consuetudinarios e impidiendo que aparezcan otros nuevos. Y, a partir de allí, designar también como sus representantes en otros órganos a funcionarios probos y moralmente irreprochables, para generar confianza y servir de referencias. “Marito” no debe desgastarse en formular declaraciones que están fuera de su alcance y no podrá cumplir. Si diera buen ejemplo dentro de lo que le corresponde, recibiría el consiguiente firme apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas, con lo que cabría esperar que se expanda la corriente moralizadora para ir arrinconando a los bandidos y corruptos en sus madrigueras, y no dejarles salir nunca más.