Gerentes con información altamente privilegiada
Sin estar atados al régimen de responsabilidad estatal, los gerentes de las empresas del presidente Horacio Cartes, a través del Centro de Gobierno y sus cargos de “asesores ad honorem”, acceden a información sensible con la posibilidad de ejercer influen
Con la creación del Centro de Gobierno en el 2014, el presidente Horacio Cartes ubicó a los gerentes de sus compañías, en el círculo más elevado del poder estatal, sin una responsabilidad directa.
El Decreto 1294 creó este Centro, en teoría, como un ámbito de trabajo que asegure la calidad y cumplimiento de políticas públicas del Gobierno.
Entre los propósitos está reforzar las instancias de coordinación y articulación entre la Presidencia de la República, los ministerios y secretarías ejecutivas, etc. Fue sí que los gerentes Juan Carlos López Moreira de Bebidas del Paraguay; José Ortiz de Tabacalera del Este; Francisco Barriocanal de Bebidas del Paraguay; Gustavo Galeano, Hugo Portillo de Banco Amambay; Carlos Cañete, extesorero del Club Deportivo Libertad, que presidió el presidente Cartes, se introdujeron como “asesores ad honorem en la administración pública, participan de reuniones con ministros donde se maneja información privilegiada sin responsabilidad específica.
Más aún, tienen la posibilidad de dar órdenes verbales y ejercer poder, presión y decisión sobre cuestiones estatales de mucha relevancia. Los entendidos de la administración pública dicen que con el Decreto 1294 se destruyó el régimen de responsabilidad estatal, ya que no quedan constancias de quién toma la decisión de estos asesores y puede perjudicarles seriamente a terceros, al sector público, etc.
Algunos abogados dicen que es una idea interesante el Centro de Gobierno, como un órgano consultivo, con autoridades públicas, nombradas, con responsabilidades bien delineadas.
La Ley de la Función Pública establece que el nombramiento es para ocupar un cargo remunerado. No existe una ley en nuestro país que cree la figura del asesor adhonorem y, según los entendidos, con un decreto no se puede echar por tierra la Ley de la Función Pública.