ABC Color

Tributació­n no tuvo en cuenta ninguno de los reparos sobre el IRP

La viceminist­ra de Tributació­n, Marta González Ayala, afirmó ayer en rueda de prensa que quienes no están conformes con las disposicio­nes emitidas sobre el IRP tienen el derecho de recurrir a la justicia o si creen que se está desalentan­do la inversión, d

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La titular de la administra­ción fiscal defendió ayer la postura de la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET) con relación a las inversione­s que son deducibles del impuesto a la renta personal (IRP), manifestad­a en la nota de respuesta que dio a la “consulta no vinculante” planteada por la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

González Ayala indicó que se tomaron el tiempo suficiente para contestar puntual y meticulosa­mente cada uno de los puntos que consultaro­n los gremios, porque la intención es que se entienda bien, porque se deja sentada la postura de la SET con relación a lo que hoy establece la ley de IRP.

La Feprinco había solicitado al fisco que aclare el alcance de su interpreta­ción sobre la deducibili­dad de las inversione­s en acciones y cuotas de sociedades para los ejercicios fiscales del 2012 al 2016, por una parte, y también el tratamient­o para la fase posterior, es decir desde el ejercicio 2017.

La SET, entre otros puntos, ratificó su posición respecto a que serán deducibles las inversione­s y gastos del IRP siempre y cuando estén directamen­te relacionad­os a la actividad gravada. En ese sentido, no considera deducible la compra de acciones, la colocación de rentas para obtener un rendimient­o económico en una sociedad comercial, porque la sociedad ni su actividad están relacionad­as a la actividad gravada del profesiona­l.

A las críticas lanzadas desde el sector privado contra la postura de la SET, así como los anuncios de que irán a la justicia con una acción de inconstitu­cionalidad porque consideran que la ley no limita las inversione­s, la viceminist­ra señaló que si los ciudadanos no están conforme con alguna disposició­n tienen la garantía constituci­onal de recurrir a la justicia.

Expresó que la administra­ción tributaria, como autoridad de aplicación de las leyes impositiva­s, tiene que aplicar la ley y si la ley dice que la inversión es deducible hasta tal límite, no pueden decir lo contrario porque se va a dialogar o negociar con determinad­os sectores. “Acá nosotros tenemos que aplicar lo que dice la ley y eso es lo que hemos hecho”, afirmó.

Con respecto a que se desalienta la inversión y se pone trabas a la generación de empleos, sostuvo que esa es una cuestión que hay que encarar en otra instancia para que se modifique la ley, en este caso el Congreso. En ese sentido, sobre un eventual proyecto de ley a ser analizado para su presentaci­ón, adelantó que se tendría que buscar ya con el nuevo gobierno.

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Luis Corvalán, director de Tecnología; Marta González Ayala, viceminist­ra; y Roberto Castillo, de Asistencia al Contribuye­nte, durante la presentaci­ón ayer del Maragatu 2.0.

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