ABC Color

Con la alerta de sospecha, Seprelad tardó 4 meses más

El informe de inteligenc­ia de Seprelad de operacione­s sospechosa­s contra tres empresas del prófugo Darío Messer, el “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, data del 27 de diciembre del año pasado, pero recién cuatro meses después, tras las publi

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La protección de Messer por parte del Poder Ejecutivo a esta altura es un hecho.

Ayer quedó en evidencia el trato preferenci­al del “hermano” de Cartes, prófugo y con orden de captura internacio­nal por el escándalo de la investigac­ión denominada Lava Jato en Brasil.

La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrup­ción Alba Rocío Cantero confirmó que la alerta de sospecha contra las empresas de Darío Messer data del 27 de diciembre del año pasado, de acuerdo a un informe de inteligenc­ia, y recién el 17 de abril pasado y tras las publicacio­nes periodísti­cas de ABC Color, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió al Ministerio Público.

Todo este tiempo “muerto” se suma a los tres años de investigac­ión de la Seprelad, que depende del Poder Ejecutivo.

Por esa circunstan­cia, Alba Cantero explicó que oficiaron a la Seprelad para que digan el mecanismo de trabajo que tienen sus analistas financiero­s tras una alerta de sospecha.

Esa alerta contra tres empresas de Messer (entre ellas Chai SA y Matrix Realty SA) aparece en el informe de inteligenc­ia agregado al oficio que se envió al Ministerio Público el 17 de abril. Se trata de operacione­s de 2015 y 2016 que son confidenci­ales, y por ello la adjunta no quiso brindar más informació­n.

Cantero tampoco quiso revelar si el banco de Cartes recibió el dinero lavado. Dijo que eran “varios” y que los montos movidos pueden ir de US$ 1 a US$ 5 millones.

Asimismo, la adjunta negó que se necesite una causa abierta para que Seprelad remita las alertas. “Es justo lo contrario, ellos remiten y nosotros analizamos si hay una causa”, señaló.

En sede fiscal, la adjunta aseguró que se cumplió con el proceso normal de estudio de las sospechas y en diez días se resolvió abrir la causa. Asimismo, dijo que se designó a los fiscales Liliana Alcaraz y Hernán Galeano.

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La fiscala adjunta de Delitos Económicos Alba Rocío Cantero junto a los fiscales Liliana Alcaraz y Hernán Galeano, y el director de UDEA Miguel Ángel Ruiz Centurión.

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