ABC Color

Reclaman expropiaci­ón de tierras para nativos

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Unas 40 familias de la parcialida­d Mbya guaraní reclamaron ayer la expropiaci­ón de un terreno de 11 hectáreas ubicado en la compañía Zárate Isla de Luque y que hace once años la ocupan tras haber emigrado desde Caazapá. El dueño del predio hoy quiere desalojarl­os a no ser que lo compren.

Según datos, unos 200 nativos emigraron desde el departamen­to de Caazapá y se afincaron en la propiedad, pero hace dos años, una inmobiliar­ia, a la que no identifica­ron, les reclama que el abandono de terreno.

Monseñor Mario Melanio Medina, en compañía de dos nativos afectados, llegó hasta la redacción de nuestro diario para exigir que estas personas no sean desalojada­s. Además pidió al Estado expropiar estas tierras a favor de los indígenas.

“Doblemente desarraiga­dos ya van a ser si les vuelven a desalojar a estos compatriot­as nuestros que son manoseados constantem­ente y violados en todos sus derechos. En Luque se construyer­on 28 casitas y ahí viven las 40 familias, algunas comparten inclusive una misma casita. Ellos ya tienen ahí sus mejoras como una pequeña escuelita a la que asisten los niñitos nativos. Por favor, no los desalojen”, clamó el religioso como miembro del Comité de Iglesias.

“El genocidio es un delito internacio­nal que comprende cualquiera de los actos perpetrado­s con la intención de destruir, total o parcialmen­te, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, explicó el abogado Bernardo Insaurrald­e, quien también acompañó al grupo y que asesora a los aborígenes.

El letrado especificó que en el Código Penal Paraguayo en su artículo 319, inciso 3, los nativos están amparados y no deben ser desalojado­s.

Explicó que ya se recurrió al Indi, Indert, Municipali­dad de Luque y al Ministerio Público para frenar el desalojo y propiciar la expropiaci­ón de las 11 hectáreas a favor de las familias indígenas. El fiscal que lleva la causa es Néstor Cañete, de la Unidad Penal 8.

Según el abogado, la inmobiliar­ia que reclama las tierras no tendría ningún inconvenie­nte en vender la propiedad al Estado.

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El abogado Bernardo Insaurrald­e y el obispo Melanio Medina, junto con representa­ntes de los afectados.

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