Penoso e injustificable desprecio al ferrocarril
¿Cuáles fueron las perspectivas desde las que analizaron los legisladores el proyecto de ley que terminaron de aprobar esta semana para ir acabando cada vez más con el patrimonio del ya inerte ferrocarril de los López?
Probablemente ninguna, porque si la tuvieran no hubieran obrado como lo hicieron. Es de sospechar que el proyecto, ahora ya convertido en ley sancionada y a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación, forma parte de esas normativas que se aprueban a las apuradas ante la inminente finalización del periodo legislativo, sin medir, ni medianamente, que los perjuicios serán mayores que las ventajas que se puedan proclamar.
¿Dónde comenzó esto y por qué? La actual directiva de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), que se pasó cinco años jugando a ser proyectista de un tren de cercanías fantástico, convenció a algunos de que el retorno de los trenes estaba a la vuelta de la esquina, lo que levantó la preocupación de la gente que bien o mal, legal o ilegalmente, ocupan parte de lo que antiguas leyes dicen que corresponden a la franja de dominio ferroviario: 40 metros de ancho y una longitud de 376 kilómetros, de Asunción a Encarnación. Hay que agregar el ramal San Salvador-Abaí, de 62 kilómetros.
Era cuestión de llegar a acuerdos entre Fepasa y los ocupantes, o de aplicar directamente los derechos del ferrocarril, para lo cual, si había oposición de algunas de las partes involucradas, había que litigar judicialmente. He aquí un primer problema que era irresoluble para Fepasa, porque para litigar hay que tener abogados, y para tener abogados hay que tener dinero para los honorarios, y la empresa estatal no lo tiene. Además, como la idea apuntaba a concretar el jueguito del tren de cercanías en el periodo gubernativo actual, aunque pudiera afrontar las batallas jurídicas necesarias, las mismas generalmente consumen mucho tiempo, por lo tanto el recurso judicial no era viable.
La solución que se les ocurrió fue de lo más pobre, a juzgar por la ley sancionada. Reducir la franja de dominio a 20 metros de ancho, y si pese a ello algunos “ocupantes” siguen con los pies muy próximos a los rieles, recurrir a la expropiación.
Esto es como enmendar un error con otro error más grande. El ferrocarril ya está perjudicado por las ocupaciones, y para salvar esa amputación se decide amputar de una vez a todo lo largo y ancho de la franja de dominio. Para que no se note quizá el mal y haya uniformidad.
¿Se puede legislar con estas perspectivas? ¿El bien mayor a legislar es el ferrocarril o las ocupaciones? Al parecer son éstas, porque la normativa aprobada en el Congreso le lleva a Fepasa a renuncian a lo ocupado, y para peor, a desprenderse incluso de lo no ocupado. Esto es inexplicable, penoso. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
El otrora Ferrocarril Central Pdte. Carlos A. López no ha parado de sufrir graves estocadas desde casi 20 años. Los servicios regulares de los trenes de pasajeros y de cargas entre Asunción y Encarnación cesaron oficialmente en 1999 y por esa época también fue convertida en una sociedad anónima con la pretensión de privatizarla, o por lo menos para tentar una participación del capital privado para su recuperación y modernización.
Posteriormente, como se había quedado sin la posibilidad de recibir fondos del Estado al ser una S.A. y el capital privado no apareció, malvendió como meras chatarras los restos de locomotoras a vapor, vagones y otros, y hasta levantó los rieles desde Sapucái hasta Encarnación con el mismo fin, para despedir e indemnizar a sus operarios.
La falta de dinero también impidió hacer la transferencia de los títulos de los bienes ferroviarios a nombre de Fepasa, por lo que siguen a nombre del Estado. Con la ley sancionada, la actual directiva de Fepasa cree que eso puede subsanar, pues la transferencia se haría por ley.
Otro punto sospechoso es que por esta pretendida ley, Fepasa abre la posibilidad de renunciar a sus derechos a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Definitivamente, lo aprobado no es una ley a favor del ferrocarril, es una ley en contra.