Sí, pero no
No se niegan a cumplir con la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública (AIP), dicen los de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, interponen una apelación a un fallo que le obliga a dar las declaraciones juradas solicitadas datos desde el año 1998 hasta 2017 (19 años).
En el ejercicio de la verdadera democracia, la transparencia es una de las piedras angulares para la construcción de ciudadanía y también de asegurar que el compromiso que deben asumir los gobernantes sobre la obtención de dinero y bienes es real y no solamente para “la exportación” en discursos rimbombantes de campañas políticas o declaraciones ante la comunidad internacional.
La Contraloría se resiste a entregar la información escudada en la Ley 5033/13 que dice que las declaraciones juradas se entregan orden judicial mediante y que por aplicación del principio de legalidad no puede hacer lo que la ley no le faculta.
Ese argumento –ya varias veces utilizado con éxito para negar este tipo de informaciones a otros solicitantes– no aplica para esta solicitud de información impulsada por Juan Carlos Lezcano.
Ante la negativa se recurrió a un amparo.
¿Por qué no “corre” ese argumento en este caso? porque simplemente la ley de AIP obliga a todas las fuentes públicas de información (y, recordemos, la Contraloría es una fuente pública) a dar acceso a toda la información que obre bajo su poder, a menos que esa información se encuentre calificada como secreta o reservada en forma expresa por una ley. Hasta quien toca de oído en estas cuestiones jurídicas entiende que si esa reserva no se establece expresamente en una ley, finalmente, la información es pública. La CGR desconoce abiertamente las consecuencias jurídicas de la ley de acceso. Pero no la desconoce porque quienes están ahí sean tontos o ignorantes. Todo lo contrario.
Apelan hasta el último recurso y se sientan sobre la tapa de la olla podrida para ganar tiempo y para, de alguna manera responder a las presiones para que esta sentencia no se cumpla.
No es solo la CGR la que no quiere que se sepa quién incumplió con el mandato de las declaraciones juradas, son quienes a lo largo de 19 años se han enriquecido ilícitamente y no tienen forma de justificar sus bienes.
Una vez más nuestra tan vapuleada institucionalidad es puesta a prueba. Habrá que ver qué pasa en este país de maravillas en el que falta poco para que gobierne Alicia.