Juicio a Cristina e hijos por lavado
Un juez procesó a la expresidenta argentina Cristina de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por irregularidades de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.
BUENOS AIRES (EFE). El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, a Romina Mercado –sobrina de Fernández– y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó trabar contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos (32,02 millones de dólares) para cada uno.
Este es el quinto procesamiento judicial para la expresidenta y actual senadora, con el que se investiga a la ex familia presidencial por sobornos encubiertos a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur.
Empresas beneficiadas con obras públicas pagaron fortunas por supuestos hospedajes en el hotel de lujo propiedad de la expresidenta y sus hijos, como una forma encubierta de pagos por los contratos que le fueron adjudicados ilegalmente.
El juez aseguró que Hotesur no contaba “con capacidad económica ni experiencia en el rubro”, y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos “apariencia de legítimas”.
En un esquema similar, los Kirchner “contrataron” con Aerolíneas Argentinas 47.912 habitaciones para su tripulación entre 2008 y 2016, lo que da un promedio, desde el primer contrato que se tiene registro, de 15 habitaciones diarias, algo totalmente desproporcionado con la realidad.
El magistrado ya intervino la compañía hotelera el pasado marzo, cuando afirmó que había sido “una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el Estado nacional”.
En noviembre de 2017, la exmandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo.
El conocido como “caso Hotesur” se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.