La Contraloría usa “oda al absurdo” para ocultar declaraciones juradas
Una serie de llamativos elementos carentes de lógica fueron los utilizados por la Contraloría General de la República (CGR) para negarse a acatar la sentencia judicial que obliga a hacer públicas las declaraciones juradas de políticos. El ente planteó inc
Los argumentos presentados por la CGR para seguir negándose a entregar las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República son “una oda al absurdo”, señala la contestación presentada en horas de la tarde de ayer por los abogados del periodista Juan Carlos Lezcano a la apelación planteada por el ente.
En su apelación a la sentencia del juez Rubén Riquelme, el ente contralor había planteado la falta de legitimación activa como uno de los motivos para no acatar la decisión.
Sin embargo, este argumento no se puede utilizar en juicios de amparo y en todo caso debería haber sido planteado ya dentro del plazo para contestar la demanda, por lo tanto, ahora es ilegal y extemporáneo, señala el documento.
Señala además como “preocupante” el intento por parte del ente de desacreditar a defensores de los derechos humanos y “la supina ignorancia jurídica que trasunta, inaceptable para un representante de un órgano con la jerarquía constitucional que tiene la Contraloría General de la República”.
Los abogados del ente contralor habían puesto en tela de juicio el motivo real para acceder a la información solicitada y especularon con la posibilidad de que organizaciones civiles busquen acceder de forma indirecta a ella.
Sin embargo, los abogados que forman parte del Grupo Impulsor al Acceso de la Información (GIAI) recuerdan que acceder a datos que obran en poder del Estado es un derecho humano.
Según la Contraloría, las organizaciones del GIAI serían las “corporaciones con intereses sectorizados” que pretenden, “para provecho particular”, acceder a la información pública solicitada.
Sin embargo, los representantes del ente parecen haber olvidado que todas las respuestas a solicitudes de Acceso a la Información Pública deben ser publicadas en los portales web de las fuentes públicas, por lo que el argumento carece de lógica.
Sobre este punto en particular, señalan que “la excepción es improcedente y debe ser rechazada”.
Doce días para entregar
Aunque el ente contralor sigue dilatando, la sentencia en primera instancia obliga a que haga públicas las declaraciones juradas de bienes de políticos que ocuparon altos cargos electivos y de confianza en los últimos 20 años.
Al tratarse de un juicio de amparo, el Código Procesal Civil establece que las apelaciones no tienen efecto suspensivo, esto es, que la información debe hacerse pública.
El juez Riquelme había establecido un plazo de 15 días hábiles para cumplir, plazo que comenzó el pasado miércoles. Al ente contralor le quedan 12 días para efectuar.