Fepasa pide a fiscalía desalojo de invasores
PARAGUARÍ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La asesoría jurídica de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) presentó ayer formal denuncia ante la Fiscalía de Paraguarí contra personas innominadas por la invasión irregular de casi dos hectáreas del inmueble donde funcionaba la estación local del tren.
Unas 50 personas del barrio San Miguel ocupan desde el domingo último el sitio y anunciaron que no saldrán de allí, haya o no título de propiedad a favor de Fepasa, cuyo director jurídico, Héctor Sosa Gennaro, acompañado del abogado Rodolfo Sánchez y el director de Infraestructura, Arq. Rubén Echeverría, interpusieron la denuncia ante la fiscalía de la Unidad III, a cargo de la agente fiscal Sonia Pereira.
Sosa Gennaro dijo que se agotaron todas las instancias de diálogo para que los ocupantes abandonen en forma pacífica el inmueble ferroviario, y alegó que existe un título que data de 1857 y un plano, con los que se demuestra que no es ningún terreno fiscal.
Agregó que lastimosamente no encontraron a la fiscala Pereira, pues les hubiera gustado que se tomen medidas de urgencia para el desalojo inmediato de los invasores, ya que también se trata de un patrimonio histórico-cultural que debe ser preservado por todos.
Comentó que le extraña que las autoridades locales no se empoderen para contribuir a resguardar los patrimonios que hacen a la historia de la comunidad, ya que en otras comunidades donde existen exestaciones ferroviarias se firmaron convenios con las municipalidades para la custodia, reparación o restauración de los edificios antiguos.
Echeverría expresó, por su parte, que en cuanto se consiga el desalojo, van a cercar todo el predio para evitar que la entidad sea despojada de su inmueble. Insistió en que el inmueble pertenece a Fepasa, se cuenta con título y un plano hecho por el Ing. Benjamín Real, a través del denominado “Plan de Apoyo al Programa Sectorial” impulsado con el préstamo N° 728 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora esperan que la justicia ordene el desalojo y que actúe la Policía Nacional.