El Gobierno del Paraguay, cómplice de contrabandistas internacionales.

El Senado se ratificó el pasado jueves en el proyecto de ley que aumenta el impuesto al tabaco, de 16% actual hasta un mínimo de 30% y un máximo de 40%. La iniciativa vuelve a la Cámara Baja, que había aprobado un mínimo aumento a dicho tributo, de entre 18 y 22%. La decisión del Senado puede considerarse como muy sensata, considerando que la baja tasa impositiva vigente ha dado pie a que el contrabando de cigarrillos de origen nacional tenga un auge extraordinario y enlode la imagen del Paraguay en el mundo entero. Si nuestro país tiene solo siete millones de habitantes y produce anualmente 60.000 millones de cigarrillos, no debe sorprender que el 90% de su producción se destine al contrabando, según investigaciones difundidas por la prensa internacional. La publicada el año pasado en un importante diario español reveló que el 73% de los cigarrillos que se venden en forma ilícita en América Latina es de origen paraguayo. Otro informe indica que el 80% del mercado ilegal de cigarrillos en São Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre estaría dominado por la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), del presidente Horacio Cartes. El buen nombre del país, mancillado por el contrabando fomentado por una bajísima tasa impositiva, reclama que la Cámara de Diputados acepte el proyecto aprobado por el Senado, que si bien no es lo ideal, por lo menos atenuará la ignominia que hoy sufre el Paraguay por culpa del contrabando de cigarrillos.

El Senado se ratificó el pasado jueves en el proyecto de ley que aumenta el impuesto al tabaco, de 16% actual hasta un mínimo de 30% y un máximo de 40%. La iniciativa vuelve a la Cámara Baja, que había aprobado un mínimo aumento a dicho tributo, de entre 18 y 22%. La decisión del Senado puede considerarse como muy sensata, considerando que la baja tasa impositiva vigente ha dado pie a que la cuestión del contrabando de cigarrillos de origen nacional tenga un auge extraordinario y enlode la imagen del Paraguay en el mundo entero.

Si nuestro país tiene solo siete millones de habitantes y produce anualmente 60.000 millones de cigarrillos, no debe sorprender que el 90% de su producción se destine al contrabando, según investigaciones difundidas por la prensa internacional. La publicada el año pasado en un importante diario español reveló que el 73% de los cigarrillos que se venden en forma ilícita en América Latina es de origen paraguayo, siendo el Brasil el principal destinatario de las “exportaciones”. Según el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras, del vecino país, el 80% del mercado ilegal de cigarrillos en las ciudades de São Paulo, Belo Horizonte y Porto Alegre estaría dominado por la empresa Tabacalera del Este SA, propiedad del presidente Horacio Cartes. La información no resulta sorprendente por ser de conocimiento público que dicha firma produce sobre todo para el mercado exterior, dado que el consumo local no supera los 2.500 millones de cigarrillos anuales.

La colosal actividad ilícita en cuestión responde a que en nuestro país el impuesto al tabaco llega a solo el 16%, en tanto que en el Brasil alcanza a entre el 70 y el 90%, en la Argentina el 70% y en Chile el 80% . Valga el dato de que la Organización Mundial de la Salud sugiere que la tasa impositiva sea del 75%, para desalentar el consumo de un producto tan nocivo para la salud, como lo es el cigarrillo.

Dejando de lado esta última cuestión, ya de por sí relevante, cabe subrayar que organizaciones criminales están logrando enormes ganancias gracias al desigual tratamiento tributario que provoca una marcada diferencia de precios entre los cigarrillos de origen paraguayo y los que se fabrican en el extranjero. Nuestro país no debe seguir siendo cómplice de los contrabandistas, con el cínico e increíble pretexto de que “el Paraguay, como política de Estado, tiene los impuestos bajos y es una política económica en la que le va muy bien”.

Si defendemos el aumento en lo que al tabaco respecta, no es tanto para que se incremente la recaudación fiscal como para impedir que el Paraguay siga siendo la cueva de los contrabandistas de cigarrillos. El Congreso tiene la obligación de terminar esta vergüenza que tanto perjudica la imagen internacional del país. Y no se trata de castigar al Presidente de la República, como se dice, aunque resulte escandaloso que el Primer Mandatario sea uno de los grandes beneficiarios del contrabando masivo. La cuestión es que la decencia exige que el Paraguay no siga siendo el centro de operaciones de delincuentes que socavan la economía de otros países.

En diciembre de 2017, y con la oposición de los cartistas, el Senado aprobó aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco, fijando una tasa de entre el 30 y el 40%, es decir, una muy inferior aún a la de los países antes citados y a la recomendada por la OMS. En marzo, la Cámara Baja, con el voto de cartistas, llanistas y anchistas –por el apodo del diputado Juan B. Ramírez–, redujo aun más el incremento, fijando una tasa impositiva de entre el 18 y 22%, aparte de eliminar el 1,9% del jornal mínimo que se aplicaría por cada cajetilla de 20 unidades. Como lo más probable es que en tal caso el jefe del Poder Ejecutivo, en interés propio, fije por decreto la tasa mínima del 18%, resultaría que, de ser aprobado lo dispuesto por los diputados, el aumento respecto a la actual sería de un irrisorio 2%. Uno de ellos, Mario Cáceres (ANR), fundamentó su apoyo con el argumento de que, si se mantuviera lo dispuesto por el Senado, se iba a “incentivar el contrabando, el comercio ilícito”. Es increíble, pero la cita es textual. De los dichos del legislador se desprende que, si la tasa impositiva subiera hasta llegar a menos de la mitad de la aplicada en el Brasil, este país nos inundaría con sus cigarrillos. Hasta tuvo la desfachatez de mentar indignado la posibilidad del comercio ilícito, hasta ahora practicado en beneficio principalísimo de Tabacalera del Este SA.

Nótese que, incluso, si la tasa impositiva fuera del 30 al 40%, no desaparecía el estímulo al contrabando hacia el exterior, aunque ciertamente disminuiría el lucro de los delincuentes. Pero aun así, los amigos y aliados del Presidente de la República se niegan a aprobar un aumento que está muy lejos de ser desmedido, considerando el contexto internacional. Por cierto, el asunto que nos ocupa no concierne solo al Brasil. En efecto, hace dos años, el diario colombiano El Tiempo informó que se estima en más de 200 millones de dólares anuales “el monto de las operaciones de lavado de activos que efectúan las bandas criminales, la mafia y las FARC a través del contrabando de cigarrillos. La mayoría de las cajetillas utilizadas en estas operaciones ilícitas proviene de la Tabacalera del Este SA, de propiedad del presidente del Paraguay, Horacio Cartes, y de su familia”.

El buen nombre del país, mancillado por el contrabando fomentado por una bajísima tasa impositiva, reclama que la Cámara de Diputados acepte el proyecto aprobado por el Senado, que si bien no es lo ideal, por lo menos atenuará la ignominia que hoy sufre el Paraguay por culpa del contrabando de cigarrillos.