Nuestra genuflexa Justicia comienza a inclinarse ante los nuevos dueños del poder.

Todavía no asumió el nuevo Gobierno, y ya despiertan la atención algunas decisiones judiciales que, llamativamente, se inclinaron hacia los intereses de personajes vinculados con los próximos dueños del poder. No debe sorprender, por tanto, la opinión de Tana Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, quien tras su reciente visita dijo: “Los partidos están en las instituciones, por lo que el desafío es lograr una Corte Suprema de Justicia independiente y un tribunal que sufra menos presiones políticas”. La misma habló luego de un diálogo que mantuvo con representantes del Ministerio Público y de Poderes del Estado. Nuestra prostituida Justicia no mejorará un ápice reacondicionándose en función de los últimos resultados electorales. En tal caso, solo confirmaría, una vez más, que no pasa de ser un apéndice del poder político, que la maneja a su antojo. La Justicia abdista no será mejor que la cartista, pues en ningún caso será libre. Lo que la ciudadanía reclama es que haya una justicia igual para todos, sin importar el parentesco, el dinero o la filiación político-partidaria de los litigantes. Tal como están las cosas, debido al servilismo de la judicatura, la ciudadanía carece de algo más que de “justicia pronta y barata”. Carece de justicia, a secas.

Todavía no asumió el nuevo Gobierno, y ya despiertan la atención algunas decisiones judiciales que, llamativamente, se inclinaron hacia los intereses de personajes vinculados con los próximos dueños del poder. No debe sorprender, por tanto, la opinión de Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que visitó nuestro país con motivo de los últimos comicios generales, quien dijo: “Los partidos están en las instituciones, por lo que el desafío es lograr una Corte Suprema de Justicia independiente y un tribunal que sufra menos presiones políticas”. La misma habló luego de un diálogo que mantuvo con representantes del Ministerio Público y de Poderes del Estado.

Aunque sus atinadas palabras no son novedosas para una ciudadanía que tiene pruebas casi cotidianas de la sumisión del Poder Judicial a los dictados de quienes ocupan el

Palacio de López y el Legislativo, resulta oportuno citarlas para apuntar que basta con una estadía en nuestro país de poco más de treinta días para advertir que la independencia de la magistratura, garantizada por la Ley Suprema, es una simple letra muerta. Es tan cierto que los partidos están

instalados en el Poder Judicial, que es vox populi que allí impera el repulsivo “cuoteo” según el carnet de afiliación, empezando por la integración de su máxima autoridad. Se sabe que el juicio político a los ministros Sindulfo Blanco,

César Garay y Miguel Óscar Bajac, por mal desempeño de funciones, quedó paralizado porque no se llegó a un acuerdo sobre el color partidario de sus eventuales sucesores, y no precisamente sobre su culpabilidad o inocencia.

Está fresco en la memoria el escandaloso fallo que habilitó las inconstitucionales candidaturas a senador de

Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos, con el agravante de que el prevaricato benefició también a la entonces ministra Alicia Pucheta, hoy vicepresidenta de la República. Es decir, los togados obedecen no solo por temor a perder los cargos que enlodan, sino también porque

pueden lograr una buena recompensa, como se puede observar. Quizá hasta podrían anticiparse a los deseos de quienes mandan o están por mandar –como indicamos al comienzo–, según lo sugieren dos recientes sentencias de la deplorable Corte Suprema de Justicia. La primera –dictada el 3 de mayo por los ministros Sindulfo Blanco y Miryam Peña, y el camarista Cristóbal Sánchez– hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por el futuro ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, defensor de

Guillermo Casado y Álvaro Lasso, acusados de haber vendido a la Policía Nacional helicópteros inservibles, a un costo de casi 50.000 millones de guaraníes. La segunda –dada a conocer el 16 de mayo por los ministros Gladys

Bareiro, Antonio Fretes y Miryam Peña– repuso como representante de la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura al diputado Julio Javier Ríos, perteneciente al movimiento Colorado Añetete, del presidente electo,

Mario Abdo Benítez. Es de señalar que el proceso contra quienes vendieron los helicópteros había sido impulsado sin disimulo por el actual Presidente de la República y que el

diputado Ríos había sido reemplazado en el citado organismo por su colega cartista Clemente Barrios. Es decir, como cambiaron los vientos, la máxima instancia judicial ha creído oportuno adaptarse con prontitud al nuevo escenario político.

Así se juzga en el Paraguay: no necesariamente de acuerdo a la Constitución y a las leyes, sino según las conveniencias del momento, tanto para los magistrados como para los que están en el poder o se aprestan a ejercerlo.

Este Poder Judicial acomodaticio es una vergüenza para la nación, pues implica de hecho derogar el principio de igualdad ante la ley e ignorar el de seguridad jurídica. Así, atenta no solo contra los derechos individuales, sino también contra el desarrollo económico, en la medida en que repele la inversión de capitales internacionales. Aparte de que la legislación debe tener estabilidad, es necesario que los litigios que surjan sean dirimidos por jueces probos y valientes, con total prescindencia de los vaivenes políticos. Asusta pensar lo que ocurriría a partir del próximo

15 de agosto si, como es de suponer, esos fallos son interpretados por los juzgados y tribunales como una clara señal de que deben adaptarse a la nueva correlación de fuerzas, en especial dentro de la ANR. Nuestra prostituida magistratura no mejorará un ápice reacondicionándose en función de los últimos resultados electorales. En tal caso, solo confirmaría, una vez más, que no pasa de ser un

apéndice del poder político, que la maneja a su antojo. La Justicia abdista no será mejor que la cartista, pues en ningún caso será libre. Lo que la ciudadanía reclama es que haya justicia igual para todos, sin importar el parentesco, el dinero o la filiación político-partidaria de los litigantes. Tal como están las cosas, debido al servilismo de la judicatura, la ciudadanía carece de algo más que de “justicia pronta y barata”: carece de justicia, a secas.

El presidente electo, Mario Abdo Benítez, había anunciado que pedirá la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Como, al menos en teoría, no serán subordinados suyos, la solicitud resultaría improcedente: si la hiciera y los ministros la aceptaran, solo demostrarían, una vez más, que dependen del poder político. Por el bien de la República, lo justo y necesario sería someter a juicio político a todos los ministros por mal desempeño de funciones o por la comisión de delitos en el ejercicio de ellas. Si ello ocurriera, sería de esperar que los paraguayos y las paraguayas estén muy atentos para que no se repita la triste historia de sustituir a los responsables de una calamitosa Administración de Justicia por otros que sean designados según su carnet partidario, atendiendo al infame “cuoteo”.

Por lo que vemos hasta el momento, nuestros magistrados y jueces continuarán soplando según la dirección del viento gobernante, lo que nos augura la continuación de una Justicia genuflexa ante el poder de turno por lo menos por cinco años más. Pero vaya uno a saber, siempre queda la esperanza de que también aparezca en nuestro país un juez Moro...