EDITORIAL
Gobierno entrante debe investigar las obras públicas. El 14 de marzo de 2017, el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, firmó con la Sociedad Objeto Especial (SOE) Rutas del Este SA –liderada por la española Sacyr (60%) e integrada por la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%)– el contrato para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas nacionales 2 y 7, bajo la modalidad de alianza público-privada. La firma del contrato de financiación debía producirse en un plazo máximo de trece meses –que se cumplió el 14 de abril último– a partir del contrato principal, para que surtiera efecto legal. Sin embargo, cumplido el plazo, el consorcio alegó que aún no había podido conseguir el préstamo de US$ 500 millones necesario para la obra. En vez de proceder a la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento de una cláusula clave, más aún considerando los pésimos antecedentes de incumplimientos que tiene Sacyr en muchos países donde ha trabajado con el Estado, el ministro Jiménez Gaona optó por calificar el hecho como una simple “controversia” entre el MOPC y el consorcio, y, por tanto, susceptible de ser negociada entre las partes. Con este ilegal artilugio semántico, alegremente el ministro concedió a la SOE una prórroga hasta octubre del corriente año. Vale decir, le tiró el fardo al próximo Gobierno.
El 14 de marzo de 2017, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, firmó con la
Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este SA –liderada por la empresa española Sacyr (60%) e integrada por la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%)– el contrato para el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de las rutas nacionales 2 y 7, bajo la modalidad de alianza público-privada. Por el consorcio lo hicieron Fernando Antonio del Campo García, Vítor Manuel Gomes y Luis Antonio Pettengill Vaca.
De conformidad con la Cláusula III.D, la firma del contrato de financiación debía producirse en un plazo máximo de trece meses –que se cumplió el 14 de abril último–, a partir de la firma del contrato principal, para que surtiera efecto legal. Sin embargo, cumplido el plazo,
el consorcio alegó que aún no había podido conseguir el préstamo de US$ 500 millones sobre cuya base estaba pactado el contrato de ampliación de las rutas 2 y 7, desde Ypacaraí hasta Caaguazú, incluido el mejoramiento del tramo San Lorenzo-Ypacaraí.
En vez de proceder a la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento de una cláusula clave, el ministro Jiménez Gaona optó por calificar el hecho como una simple “controversia” entre el MOPC y el Consorcio, y, por consiguiente, susceptible de ser negociada entre las partes según el numeral 49 de la Cláusula IX del contrato. Con este ilegal artilugio semántico, alegremente el ministro le concedió a la SOE una prórroga hasta octubre del corriente año. Vale decir, le tiró el fardo a quien será su sucesor en el cargo en el próximo Gobierno, probablemente con la casi certeza de que, cumplido el plazo de la prórroga otorgada, la SOE no obtendrá el crédito a que se ha comprometido, dados los pésimos antecedentes de incumplimientos de contrato que tiene Sacyr en muchos países donde ha trabajado como contratista del Estado.
A propósito, con conocimiento de causa, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, expresó recientemente a un medio colega sus dudas de que el consorcio vaya a conseguir el crédito para financiar la obra en cuestión. “Sacyr no consiguió el financiamiento, y creemos que no va a conseguirlo (…) Lo que no entendemos es por qué el MOPC le extendió su plazo de presentación de financiamiento...”, sostuvo. Y con acierto opinó que es “como que tiran la pelota para el siguiente Gobierno; en realidad, es una pelota tata. Se desentienden de la situación que ellos mismos crearon”.
El empresario cree que se debe analizar la rescisión del contrato, y que el asunto podría ocasionar un perjuicio muy grande para el Estado paraguayo. “Esto ya lo sabíamos y venimos advirtiendo a las autoridades, pero están muy cerrados con las megaobras”, acotó también el ingeniero Heisecke.
A más de un año de haberse firmado el contrato de referencia, el consorcio Rutas del Este solo ha conseguido cerrar trato con bancos locales por US$ 50 millones para iniciar el cumplimiento del contrato con la ejecución del recapado y mejoramiento del denominado tramo 0, es decir, de San Lorenzo a Ypacaraí. Esta obra debía estar lista este mes de mayo, pero recién concluirá en octubre próximo, con mucho atraso, como puede verse.
Coincidentemente con lo sostenido por el presidente de la Capaco, el contrato en cuestión prevé la posibilidad de que, efectivamente, la SOE no consiga obtener el financiamiento comprometido, con lo que se produciría automáticamente la rescisión del contrato. Si esto ocurriera, el MOPC asumió el riesgo de pagar el monto de US$ 52 millones al consorcio, por las obras realizadas antes de la firma del contrato financiero.
De cara a este compromiso contractual, se tiene el derecho de sospechar que el ministro Jiménez Gaona es un cómplice en el enredo que tempranamente se ha creado con el consorcio liderado por Sacyr, tal como nuestro diario lo alertó en su oportunidad. Vale decir que, en vez de proceder a la rápida rescisión del contrato por incumplimiento puntual del mismo, le ha facilitado una coartada, prorrogándole el plazo a fin de que pueda terminar los trabajos previstos en el tramo 0, y así reclamar al Estado paraguayo, limpio de pelo y paja, US$ 52 millones, cuando que el costo real de los trabajos en dicho tramo será mucho menor que lo pactado contractualmente. Ante tanta desprolijidad y condescendencia gubernamental con la cuestionada empresa que encabeza el consorcio, no se puede dejar de preguntar si habrá incentivos de por medio para las autoridades.
El presidente electo, Mario Abdo Benítez, debiera incluir en su agenda de los primeros cien días esta delicada cuestión que le está dejando a su futuro ministro de Obras Públicas como “la peor herencia” el actual titular de dicha cartera de Estado. Más aun, teniendo en cuenta la cuestionada catadura empresarial de la empresa española Sacyr; la misma a la que, contra viento y marea, el “nuevo rumbo” pretendió entregar por chauchas y palitos la administración del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de no haber mediado el frontal cuestionamiento que hizo desde su banca de senador el actual presidente electo, junto con otros colegas con sentido de responsabilidad y patriotismo.
El Gobierno entrante debe fijar detenidamente los ojos en las obras públicas, principal fuente de corrupción en los que le precedieron, si es que verdaderamente quiere combatir ese flagelo que succiona los recursos que deben destinarse para el bienestar de la población del país.