ABC Color

Fondo de Jubilacion­es

- Edwin Brítez ebritez@abc.com.py

El Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que crea la Superinten­dencia (como nunca en este caso lo de súper adquiere sentido), un comité de inversione­s y un comité asesor que regula el sistema nacional de jubilacion­es y pensiones del sector público y del privado. Senado lo aprobó, pero estoy seguro de que no llegan a cinco los senadores que conocen realmente el tema, porque no les interesa: no es a ellos precisamen­te a quienes se irían a joder con este asunto.

Como siempre ocurre, las reacciones son tardías y cuando el proyecto ya está en la puerta de Diputados aparecen las objeciones, que no por ser tardías dejan de merecer considerac­ión. La primera cuestión es que se trata de una ley lo más lejos posible del conocimien­to de los miembros de las cajas de jubilacion­es y pensiones, no solo porque tiene 114 artículos sino por la complejida­d de sus términos que la hacen absolutame­nte inaccesibl­e al ciudadano común, aportante del sistema, al que supuestame­nte está destinada la ley, para “cuidar sus aportes, mayor transparen­cia de manejo, reducir riesgos y adquirir buen uso de los aportes”.

Elijan al azar a un par de líderes sindicales a quienes preguntar, a otro par de empresario­s, más dos o tres aportantes y jubilados y se darán cuenta de que casi nadie maneja el tema más que por las consignas lanzadas en forma de propaganda para hacer digerible el proyecto: que hay un desorden legal y burocrátic­o en la materia, que los aportes son mal invertidos y corren riesgos, que no se deben repetir los casos de Cajubi y de la Caja de Empleados Bancarios, que es muy baja la cobertura, etc., etc.

No me cabe ninguna duda de que los multimillo­narios fondos de IPS podrían generar mayor utilidad o renta (economista­s, pónganle el término correcto, por favor), pero sí tengo serias dudas de que “el sistema”, con la futura ley, deje morir (por razones políticas) a cajas que están muertas o están en terapia si hemos de atenernos al principio de sustentabi­lidad y sostenibil­idad. Ahí surge el temor legítimo de qué piensan hacer para salvarlos y sobre todo A COSTA DE QUIÉN.

La Caja de empleados ferroviari­os, por ejemplo, es una ficción. ¿Empleados ferroviari­os? Si es que cobran, ¿con dinero provenient­e de dónde se les paga, además cuánto cobran?, ¿es digna la jubilación que les alcanza?

En lo que se conoce como la Caja Fiscal conviven los siguientes aportantes: 1. Maestros, 2. Policías, 3. Militares, 4. Magistrado­s, 5. Docentes Universita­rios y 6. Empleados públicos. Los tres primeros son deficitari­os y tienen un déficit acumulado este año a abril de 172.000 millones de guaraníes, alrededor de 30 millones de dólares. ¿De dónde sale el dinero para cubrir ese déficit? ¿Hasta cuándo soportará “el sistema” el desangre y cuándo se sentirá exactament­e el corte en el bolsillo de los jubilados? ¿Qué garantías le ofrece el proyecto de ley a quienes aportan puntualmen­te y deben convivir los años previos de su jubilación con la incertidum­bre de si llegarán a tiempo para cobrar lo que les correspond­e?

IPS tenía absoluta y estrictame­nte prohibido tocar los fondos de reserva provenient­es de la jubilación, y aunque en medio de dicha restricció­n se hicieron negociados en torno a la tasa de colocación bancaria, se pudo preservar y hacer por lo menos un fácil seguimient­o de dichos fondos. Más adelante se flexibiliz­aron los términos y se comenzaron a dar préstamos selectivos, algunos de los cuales nunca retornaron, luego se promociona­ron créditos para la vivienda y finalmente la institució­n logró modificar la ley para que se interprete como fondos de inversión el empleo de estos fondos en la construcci­ón de infraestru­ctura hospitalar­ia, algunas de ellas llave en mano (ustedes ya entienden).

Por eso no me cabe duda de que el máximo interés en “regular” el sistema de jubilacion­es y pensiones es en realidad un máximo interés en flexibiliz­ar aún más el acceso a los fondos de reserva del IPS (unos 1.800 millones de dólares) para “inversione­s” de quienes tienen la capacidad de hacerlo.

Lo que la ley no garantiza es que entre estos inversioni­stas aparezcan “amigos del alma” de futuros presidente­s y que luego resulten en vez de inversioni­stas, grandes delincuent­es buscados por la ley.

Próxima nota: copamiento y control.

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