¿Dependencia de control o blindaje?
La Contraloría General de la República (CGR), la dependencia estatal que por excelencia debe velar por el buen uso de los recursos públicos, se convirtió en cómplice de quienes posiblemente se llevaron gran parte de los recursos recibidos, desde hace seis años, en compensación por la pérdida de los saltos del Guairá.
Y hay que decir “posiblemente” porque pese a las innumerables denuncias, todo queda en la presunción o desconfianza porque precisamente el órgano que tiene la autoridad legal de confirmar o descartar las dudas, no cumple su rol.
La historia negra de la Contraloría en Salto del Guairá se inicia en 2015. Dos días antes de que asumiera el nuevo intendente, Carlos César Haitter (PDP), en diciembre de ese año, de manera poco clara y muy sugestiva, se le entrega a una persona todos los documentos de la administración del saliente Eduardo Paniagua (ANR). El archivo contable se traslada íntegramente a la oficina central de la CGR, en Asunción.
A pesar de los reiterados reclamos, nunca devolvieron los documentos, que son patrimonio del municipio, mucho menos dieron a conocer un dictamen sobre la supuesta auditoria al que iban a someter los archivos contables.
La conclusión, por tanto, es que llevaron dichos documentos no precisamente para auditar sino para evitar que alguien los revise.
En julio del año pasado, ya bajo el mando del actual contralor, José Enrique García, se ordena un nuevo “examen especial” correspondiente al primer año de mandato (2016) del intendente Haitter. Pero, tampoco hasta ahora la CGR dio a conocer un dictamen sobre dicha auditoría. Sin embargo, la semana pasada culminó otra intervención más del ente de control en la institución municipal.
En total, la CGR debe tres resultados de auditorías al pueblo de Salto, que, ante la actitud por demás sospechosa de la institución, no le resta más que pensar que también los auditores se unieron a la gran comilona del dinero de los saltoguaireños, como muchos sostienen.
El contralor García debe dignarse en hacer público los resultados de sus controles, para que la gente sepa cuanto se robó, en caso de comprobarse el robo, y castigar a los responsables en su caso. La Contraloría existe para evidenciar a los corruptos, no para protegerlos.