EDITORIAL

La política terminó en manos de gangsters. El Gobierno que sucedió a la dictadura recibió, de hecho, una situación política podrida y una economía impregnada por la corrupción, que era ejercida fundamentalmente por el dictador y su círculo íntimo. Pero los Gobiernos que le fueron sucediendo empeoraron considerablemente las cosas, convirtiendo tanto la política como los negocios públicos en una cloaca fétida, manejada desde las altas esferas del poder. A tal punto que hoy estamos en manos de gangsters, de modo que el país cobra fama internacional como la cuna del narcotráfico y el contrabando y, para rematar, refugio de delincuentes internacionales, como el caso de Darío Messer, muy cercano al presidente Horacio Cartes, quien lo considera su “hermano del alma”. Lamentablemente, en el llamado periodo democrático, en vez de afanarse por drenar el pantano de corrupción que anegó el país durante los largos años de corrupta y criminal dictadura, los gobernantes democráticamente elegidos que sucedieron al general Andrés Rodríguez no tuvieron visión de estadistas ni patriotismo para encarar la refundación moral de la República. El Presidente electo puede tener por seguro que cualquier acción tendiente a rescatar al Paraguay del maloliente chiquero en que le metieron sus predecesores va a recibir el fervoroso apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas que desean un país mejor.

El Gobierno que sucedió a la dictadura recibió, de hecho, una situación política podrida y una economía impregnada por la corrupción, que era ejercida fundamentalmente por el dictador y su círculo íntimo. Pero los Gobiernos que se fueron sucediendo empeoraron considerablemente las cosas, convirtiendo tanto la política como los negocios públicos en una cloaca fétida, manejada desde las altas esferas del poder. A tal punto que hoy estamos en manos de gangsters, de modo que el nombre del país cobra fama internacional como la cuna del narcotráfico y el contrabando y, para rematar, refugio de delincuentes internacionales, como el caso de Darío Messer, muy cercano al presidente Horacio Cartes, quien lo considera su “hermano del alma”. El viernes, la Justicia Electoral proclamó entre las nuevas autoridades electas para un nuevo periodo constitucional de cinco años a legisladores de pésima fama, como los colorados Óscar González Daher y Víctor Bogado, el oviedista Jorge Oviedo Matto, los liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré (ambos para el Parlasur), y el propio aspirante a dirigir el Senado, el colorado “Añetete” Silvio “Beto” Ovelar, sancionado por cometer delito electoral. Lamentablemente, en el llamado periodo democrático, en vez de afanarse por drenar el pantano de corrupción que anegó el país durante los largos años de corrupta y criminal dictadura, los gobernantes democráticamente elegidos que sucedieron al general Andrés Rodríguez no tuvieron visión de estadistas ni patriotismo para encarar la refundación moral de la República, mediante una gestión de Gobierno honesta y transparente, desmantelando el aparato burocrático y de seguridad montado por el dictador con la finalidad primaria de sostenerse en el poder, y no para servir a los intereses de la nación. Así, Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente civil de la República en muchas décadas, habiendo prometido impulsar un progreso inédito del país en el orden económico y social, lo que hizo fue dar el tiro de gracia al Banco de los Trabajadores y rifar fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), coronando su deplorable gestión gubernamental con la debacle financiera de varios bancos de plaza, perjudicando a miles de ahorristas. Los Gobiernos que le siguieron no fueron menos corruptos. El sucesor de facto del presidente electo Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González Macchi, de entrada malversó US$ 400 millones del crédito obtenido por su antecesor de bancos de Taiwán. Nicanor Duarte Frutos, a su vez, estafó al Estado por un monto de US$ 360 millones al no pagar a PDVSA de Venezuela por petróleo obtenido a crédito y vendido al contado a los consumidores nacionales por intermedio de Petropar. Su sucesor, Fernando Lugo, se asoció con él en calidad de cómplice al encubrir su colosal estafa al fisco y ampliar ese sucio negocio. Le siguió Federico Franco, que en menos de dos años de gestión como titular del Ejecutivo, aprovechó para medrar en Itaipú y rematar su gestión con el escandaloso negociado de la compra fraudulenta por parte del Indert de un inmueble perteneciente al actual senador reelecto Jorge Oviedo Matto, también de pésima fama. Finalmente, llegamos al Gobierno del “nuevo rumbo” ,en el que el pasado del presidente Horacio Cartes explica el presente del Paraguay. En efecto, el cúmulo de corrupción y bandidaje que caracteriza a su gestión ha acabado por convertir al Paraguay en un Estado mafioso. En un “paraíso de gangsters” en el que instituciones públicas han sido copadas por una claque de facinerosos allegada al Presidente de la República, que manipula el Poder Judicial y los órganos de seguridad del Estado, además de tener estrecha conexión con el crimen organizado transnacional, que estafa al fisco y administra una red criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando de armas y cigarrillos, cuya área de influencia abarca la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, con su centro de operaciones en Ciudad del Este. Es por todos conocido, tanto a nivel nacional como internacional, que el masivo contrabando de cigarrillos al Brasil y otros países de la región tiene como principal fuente de provisión las fábricas de propiedad del Presidente de la República. Obviamente, ante las denuncias de las autoridades aduaneras de esos países, el Primer Mandatario paraguayo acostumbra negar enfáticamente estar involucrado en el ilícito, alegando que su participación termina con la operación de venta, presuntamente sin ninguna responsabilidad en cuanto al destino que los compradores dan al producto. Últimamente ha aparecido un escándalo que conecta al Presidente paraguayo con Darío Messer, un delincuente internacional a quien la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, a la velocidad de un rayo, concedió la ciudadanía paraguaya (ahora revocada). La Justicia brasileña ha impartido orden de captura internacional contra él, acusándolo de ser la cabeza de una vasta organización criminal dedicada a lavar millonarias sumas de dinero sucio en Brasil y Paraguay. De hecho, este bandido internacional, con la protección de su confeso “hermano espiritual”, ha instalado en el Paraguay un conglomerado de empresas comerciales y financieras fraudulentas, por medio de las cuales realiza el lavado de dinero de políticos y empresarios corruptos de todo tipo, nacionalidad o partido. Con el destape en Brasil de la olla podrida de Darío Messer y sus asociados, la recurrente preocupación del Gobierno norteamericano sobre la financiación del terrorismo suena ahora como una alarma a la que el futuro Gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez debe prestar debida atención. En tal sentido, el futuro del Paraguay como un Estado independiente y soberano va a depender de que “Marito” gane la guerra contra la corrupción y el crimen organizado, para lo cual debe necesariamente saltar por encima de sus actuales vacilaciones y romper frontalmente con el políticamente peligroso binomio Cartes-Duarte Frutos, quienes a toda costa quieren acceder indebidamente en calidad de senadores electos, rechazando las bancas de senadores vitalicios que les corresponden por imperio del artículo 189 de la Constitución. El Presidente electo puede tener por seguro que cualquier acción tendiente a rescatar al Paraguay del maloliente chiquero en que le metieron sus predecesores va a recibir el fervoroso apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas que desean un país mejor.