Hoy se vota por la patria o por la plata.

El Congreso podría convertirse hoy en cómplice de uno de los más descarados atropellos a la Constitución perpetrados desde hace muchas décadas, aceptando una renuncia fundada en una infame sed de poder. La candidatura de Horacio Cartes a senador fue y es resultado del alevoso prevaricato cometido en el Poder Judicial, sometido en forma repudiable al Ejecutivo. Al parecer, ahora podrían sumarse a esa indignidad los legisladores, facilitando en los hechos la violación flagrante del art. 189 de la Ley Suprema, que ordena ser senadores vitalicios a los expresidentes de la República. Se convertirían así en actores de una farsa montada desde el Palacio de López para que su actual ocupante continúe manteniendo la palanca del poder en sus manos. Si hubiera quorum en ambas cámaras y este sucio asunto se sometiera al juicio de los presentes, la votación debe ser nominal para que la ciudadanía sepa quiénes han estado dispuestos a inclinar la cerviz y llenarse los bolsillos a la vez. Los representantes del pueblo indignos deben ser conocidos para que reciban por doquier, mediante públicos escraches, la merecida repulsa de aquellos ciudadanos probos que creen que la Constitución vale más que la ambición personal de Horacio Cartes.

El Congreso podría convertirse hoy en cómplice de uno de los más descarados atropellos a la Constitución perpetrados desde hace muchas décadas, aceptando una renuncia fundada en una infame sed de poder. La candidatura de Horacio Cartes a senador fue y es el resultado del alevoso prevaricato cometido en el Poder Judicial, sometido en forma repudiable al Ejecutivo. Al parecer, ahora podrían sumarse a esa indignidad los legisladores –cuya función es, justamente, ejercer un control sobre los otros dos poderes–, facilitando en los hechos la violación flagrante del art. 189 de la Ley Suprema, que ordena ser senadores vitalicios a los expresidentes de la República. Se convertirían así en actores de una farsa montada desde el Palacio de López para que su actual ocupante continúe manteniendo la palanca del poder en sus manos.

Fracasado su intento de ser reelecto vía enmienda inconstitucional como presidente de la República gracias a la ejemplar resistencia ciudadana, Cartes se embarcó en un vil proyecto alternativo, confiando, con toda razón, en que hallaría magistrados y parlamentarios dóciles a sus designios. Se puede tener la certeza de que si la anterior acometida hubiera sido aprobada también por la Cámara Baja, tras haber sido consentida por la Alta en una sesión “mau” presidida por el usurpador Julio César Velázquez, los serviles ministros de la Corte Suprema de Justicia habrían avalado el atropello. Pero, felizmente, la enérgica reacción ciudadana hizo recular a Cartes antes del tratamiento del proyecto por los diputados.

Hay quienes, como el exsenador Mario Abdo Benítez, que en su momento asumieron una actitud digna oponiéndose a que la Constitución fuera ultrajada para permitir la reelección presidencial, que parecen estar dispuestos a someterse al nuevo capricho de Horacio Cartes.

En ese sentido, el proclamado presidente de la República electo se lava las manos, “dejando en libertad” a los legisladores colorados “añetete” para que voten según su conciencia, como debe ser, mientras él afirma que “tengo que respetar aunque no me gusten los fallos de las instituciones correspondientes”. “Yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo”, dijo, pero... está dispuesto a ser cómplice en un pisoteo escandaloso de la Constitución Nacional.

Era el momento propicio para que el líder del movimiento “Añetete” y presidente electo enviara un corto y claro mensaje a la ciudadanía de que su gestión se enmarcará en la legalidad y no será, otra vez, un vulgar lacayo de Horacio Cartes.

Aquí vale eso de “la patria o la plata”, porque en casos como este los incentivos efectivos corren a raudales por los pasillos legislativos, a tal punto que el propio “Marito” se ha mostrado asqueado ante el escandaloso comercio que hacen con sus votos numerosos senadores para inclinar su opinión hacia el mejor postor. El 27 de mayo de 2016, tras haber sido aprobadas la Ley del Tabaco y la apurada prórroga de una concesión de las rutas 2 y 7 al consorcio “Tape Porã”, el presidente electo afirmó que “la fuerza que tiene hoy el dinero en la política es impresionante”. Es más, dijo que el Senado, entonces presidido por él, “parecía un prostíbulo (...) donde la gente vendía su voto”, y concluyó sosteniendo que la votación “se llevó como una topadora toda la legalidad: se aprobó un fato (...)”. Valga la cita para recordarle a “Marito” que hoy estamos ante un “fato” aún mayor, que sale del marco constitucional, donde está en juego el interés personal de nuestro poderoso empresario presidente.

En esta violación de la Carta Magna no es cuestión de lavarse las manos, de querer escaparse por la tangente con argumentos seudolegales, sino de asumir responsabilidad personal ante el presente y ante la historia: o se está favor de la Constitución o a favor de Horacio Cartes.

Ante esa alternativa de hierro, los legisladores decentes, los que no ponen en venta sus votos, tienen una elección muy fácil. En tal sentido, es plausible que los senadores colorados Arnoldo Wiens, Blanca Ovelar, Enrique Bacchetta, Ricardo Peralta y Luis Castiglioni, entre otros, se hayan negado públicamente a prestarse a la farsa en curso. Por otra parte, es comprensible, por así decirlo, que la influencia del dinero en la política no le repugne al senador “trato apu’a” Silvio Ovelar y que el diputado liberal Juan Bartolomé Ramírez,

exadministrador del Banco Amambay, hoy BASA, una empresa del grupo Cartes, quiera dar el gusto a su empleador de otrora.

Dice el senador Wiens que las convicciones y los principios deben estar por encima de las conveniencias, algo que les resultará por demás extraño a muchos de los que hoy van a bailar al son del seductor tintineo de la música originada en el bolsillo del renunciante presidente. Sin duda, les resbalará, por ejemplo, al senador carto-liberal Blas Llano y a sus acólitos.

Para asumir sus respectivos escaños todos los legisladores juraron respetar la Carta Magna, así que serán unos perjuros si hoy algunos se confabulan contra ella. La ciudadanía no los olvidará y tiene derecho de tildarlos de lacayos vendepatrias porque se los puede comprar por un par de denarios.

El senador Castiglioni señaló con claridad que él siempre había criticado la “decisión timorata de la Corte” en el caso de la candidatura inconstitucional de Horacio Cartes. La que hoy tome el Congreso, si aceptara la dimisión espuria, no sería timorata, sería venal.

Si hubiera quorum en ambas cámaras y este sucio asunto se sometiera al juicio de los presentes, la votación debe ser nominal para que la ciudadanía sepa quiénes han estado dispuestos a inclinar la cerviz y llenarse los bolsillos a la vez. Los representantes del pueblo indignos deben ser conocidos para que reciban por doquier, mediante públicos escraches,

la merecida repulsa de aquellos ciudadanos probos que creen que la Constitución vale más que la ambición personal de Horacio Cartes.