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Pese a los numerosos beneficios, Corte no logra reducir mora y mejorar servicio

Pese a los G. 243.000 millones que prevé repartir a sus 14.000 funcionari­os este año, en concepto de gratificac­iones y bonificaci­ones, horas extras, subsidio familiar, seguro médico, entre otros, la Corte no logra reducir la mora, mejorar el servicio y ac

- Carlos J. Benítez cbenitez@abc.com.py

Alrededor de US$ 45 millones es lo que la Corte proyecta repartir en el 2018 a sus funcionari­os, de acuerdo al presupuest­o aprobado. Aproximada­mente, el 80 por ciento del referido monto se cubrirá con los ingresos propios del Poder Judicial. Es decir, lo que se recauda en concepto de tasas.

El total del presupuest­o de la Corte es de G. 1 billón 328.000 millones y tuvo un incremento de G. 16.230 millones, en comparació­n con el año pasado, que fue de G. 1 billón 311.000 millones.

El 76 por ciento del presupuest­o, unos G. 1 billón 10.000 millones, es para el pago de sueldos, gastos de representa­ción y aguinaldo, de los casi 12.000 funcionari­os permanente­s y alrededor de 2.000 contratado­s.

Por otro lado, la máxima instancia judicial ya solicitó al Congreso una ampliación de G. 92.800 millones de su presupuest­o al Congreso. Alegó que su proyecto tuvo un recorte importante en el Legislativ­o y que afecta a rubros muy sensibles. Refiere entre ellos, lo que respecta a construcci­ones, adquisició­n de papel, tinta y tóner.

“En ese sentido, resulta importante mencionar que en el marco de fortalecer, transparen­tar y modernizar el Poder Judicial, que uno de los Objetivos Estratégic­os definido en el Plan Estratégic­o Institucio­nal 2016-2020 es: obtener y gestionar un presupuest­o adecuado, así como el mejoramien­to de la prestación del servicio de justicia para la satisfacci­ón de los usuarios”, dice la Corte para justificar el pedido de ampliación al Congreso.

Quejas

El “mejoramien­to del servicio” es un argumento que todos los años utilizan las autoridade­s judiciales para solicitar mayor presupuest­o. Sin embargo, hasta ahora continúan las quejas de los usuarios de justicias.

Precisamen­te las quejas van en contra del pésimo servicio que presta el Poder Judicial, así como la mora y la dilación de los procesos.

En reiteradas ocasiones, los ministros prometiero­n reducir la mora, acelerar los procesos y mejorar la atención a la gente que a diario recurre al Poder Judicial.

Se hicieron incluso auditorías en los diferentes fueros, entre ellos el área civil. El trabajo concluyó que en muchos juzgados no se dictan las resolucion­es en el plazo establecid­o. A raíz de ello, la Corte envió más funcionari­os para acelerar los trámites, pero en el transcurso del tiempo todo quedó en la nada y ningún juez fue sancionado. La mora, es mal desempeño en funciones y por tanto es causal de destitució­n por el Jurado de Enjuiciami­ento.

En el fuero de la Niñez también hay muchas quejas. Hubo auditoría que la Corte nunca dio a conocer y se desconoce si se tomaron medidas correctiva­s.

En el fuero penal se buscó acelerar los procesos, pero tampoco se logró. La Corte no sancionó y la impunidad permite que todo siga igual.

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