OEA denuncia delitos de lesa humanidad en Venezuela
Expertos de la OEA confirman que el régimen autoritario de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad y, por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Venezuela, bajo gobierno chavista, sobrevive en medio de
WASHINGTON (EFE). En su informe, el panel de expertos aseguró que existe “fundamento suficiente” para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, gobernada por el chavismo desde hace dos décadas.
Santiago Cantón, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte del grupo de expertos, aseguró que en Venezuela se llevaron a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos” (civiles a los que el chavismo les entregó armas para defender la “revolución”), que se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
Cantón agregó que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
Cantón denunció un “plan sistemático” del régimen de Maduro para ejercer el “control social” y aseguró que existe “una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad”.
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembro del organismo que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar a título personal la información a la CPI, como ya lo hicieron senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega.
La CPI tiene competencias para juzgar los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Venezuela desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.