Investigar a quienes se enriquecieron en la función pública.

En un Estado de Derecho, quienes delinquen en el ejercicio de la función pública deben ser juzgados y condenados por un juez competente, como cualquier hijo de vecino. Quienes hayan sido nombrados o elegidos deben atender el interés general antes que el particular y actuar con probidad, dándose por satisfechos con el dinero que reciben de sus conciudadanos. No están por encima de la ley. Sin embargo, lo que parece tan obvio, en el Paraguay de hoy resulta ingenuo, porque lo acostumbrado es que se ocupe un cargo público para enriquecerse rápido y todo lo posible, sin pagar las consecuencias. El sueldo o la dieta son lo de menos: lo importante son los ingresos “paralelos” que se obtengan mediante el soborno, el tráfico de influencias o la malversación pura y dura. Uno de los puestos más apetecidos es el de “vista de Aduana”, y no precisamente por el salario. La Ley Nº 2523/04 sanciona con uno a diez años de prisión a quien, tras haber asumido una función pública, haya logrado la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor supere sus legítimas posibilidades económicas y los de su cónyuge o conviviente. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito. Si los fiscales y jueces aplicaran las leyes en la materia, muchos políticos ladrones estarían hoy en la cárcel y habrían entregado los bienes malhabidos.

En un Estado de Derecho, quienes delinquen en el ejercicio de la función pública deben ser juzgados y condenados por un juez competente, como cualquier hijo de vecino. Quienes hayan sido nombrados o elegidos deben atender el interés general antes que el particular y actuar con probidad, dándose por satisfechos con el dinero que reciban de sus conciudadanos. No están por encima de la ley. Sin embargo, lo que parece tan obvio, en el Paraguay de hoy resulta ingenuo, porque lo acostumbrado es que se ocupe un cargo público para enriquecerse rápido y todo lo posible, sin pagar las consecuencias. El sueldo o la dieta son lo de menos: lo importante son los ingresos “paralelos” que se obtengan mediante el soborno, el tráfico de influencias o la malversación pura y dura. Uno de los puestos más apetecidos es el de “vista de Aduana” , y no precisamente por el salario. Las campañas electorales internas de los partidos tradicionales son muy onerosas para quienes aspiran a convertirse en legisladores, ya que adquirir un buen lugar en una “lista sábana” cuesta varios centenares de miles de dólares, a ser recuperados con creces mediante la venta de votos desde el escaño, entre otras fechorías. No pocas veces, una parte del dinero sucio robado en un cargo no electivo es invertido en la conquista de una banca en la búsqueda de la protección ante la Justicia que proporciona el fuero parlamentario. A fines de 2014 el hoy exdiputado Elio Cabral (ANR), sobre quien pesaba una condena por no haber precautelado los intereses del fisco siendo administrador de Aduanas en Ciudad del Este, dijo orondamente que todos los legisladores que pasaron por un cargo público tenían “techo de vidrio”. Acaba de convertirse en “asesor de la Presidencia de la República”, para ser comisionado luego a la Dirección Nacional de Aduanas de donde, en el 2010, había sido destituido, e inhabilitado para ocupar cargos públicos por tres años. Por razones entendibles, no fue desmentido por su colega Dionisio Amarilla (PLRA), un exadministrador de la Universidad Nacional de Asunción –denunciado por irregularidades, sobresueldo y nepotismo– que hoy está ligado a una firma constructora que acapara contratos con la Gobernación del Ñeembucú. Compró hace poco, al contado contante y sonante, una camioneta por 706 millones de guaraníes, tras haber invertido además 1.800 millones de guaraníes en la campaña electoral interna. Tampoco el diputado Óscar Núñez (ANR) podría negar que su techo es frágil: al ocupar en 2008 el cargo de gobernador de Presidente Hayes, tenía una humilde casa; al dejarlo, cinco años después, se había hecho de un par de estancias, así como de viviendas y vehículos de alta gama y está procesado por el delito de lesión de confianza (robo). Nombró administrador de la Gobernación a su casi indigente hermano Ricardo, quien en 2010 se convirtió en intendente de Villa Hayes. Hoy tiene varios vehículos de lujo y un negocio hotelero, que incluye un zoológico; es socio de un astillero, cuyo capital integrado llega a cinco mil millones de guaraníes y a cuyo frente está su hermano Basilio (“Bachi”), exintendente y exasesor político del presidente Horacio Cartes. Los tres hermanos de origen humilde, hoy, después de su paso por la función pública, son multimillonarios. ¿De dónde sacaron su fortuna? Por su parte, el senador Enzo Cardozo (PLRA) aprovechó su paso por la Gobernación de Caaguazú (2003-2008) para levantar una mansión valuada en unos 1.300 millones de guaraníes. Siendo ministro de Agricultura y Ganadería, habría cometido dos delitos de lesión de confianza que implican una malversación de más de 71.000 millones de guaraníes en perjuicio del Estado y de los horticultores; sus chicanas están impidiendo la apertura del juicio. Lo mismo está haciendo otro que bien baila, su colega Víctor Bogado erario. Al (ANR), iniciar acusado su carrera por en el 1994, Ministerio como humilde Público funcionario de estafar de al la doce Antelco, años después, declaró tras ahorros haber por presidido valor la de Conatel 2.450.000 y enlodado guaraníes; con su guaraníes actuación y 58.404 la Cámara dólares, Baja, según tenía su declaración ahorrados jurada, 455.000.000 en la que de incluyó En fin, cinco el exagente inmuebles. fiscal y exdiputado Hugo Velázquez (ANR), nada menos que próximo vicepresidente de la República, aprovechó muy bien su paso por la función pública en Ciudad del Este, a tal punto que tras concluir su desempeño en el Ministerio Público y la legislatura, era propietario de valiosos inmuebles en Asunción y alrededores. Otros conocidos magnates que consiguieron “hacer rendir” notablemente sus salarios del sector público son el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, el senador Juan Carlos Galaverna, las senadoras Blanca Fonseca y Zulma Gómez, los exsenadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, los diputados José María Ibáñez y Clemente Barrios, el exintendente Arnaldo Samaniego, el intendente Albino Ferrer, el gobernador Alfonso Noria y los exgobernadores Miguel Cuevas y Blas Lanzoni, entre otros. Es prácticamente imposible mencionar a todos aquellos que, en la era “democrática”, después de derrocada la dictadura, se han valido de la impunidad reinante para llenarse los bolsillos. Sin embargo, es posible exigir a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que se ocupen de investigar el origen del patrimonio actual de quienes tuvieron que haber presentado alguna vez sus respectivas declaraciones juradas. La Ley N° 2523/04 sanciona con uno a diez años de prisión a quien, tras haber asumido una función pública, haya logrado la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor supere sus legítimas posibilidades económicas y los de su cónyuge o conviviente, y a quien, en las mismas condiciones, haya cancelado deudas o extinguido compromisos que afectaban su patrimonio, el de su cónyuge o conviviente y el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito, que puede inferirse de la comparación de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Si de ella resulta que los bienes del obligado tuvieron un aumento no razonable o no proporcionado a sus ingresos, la Contraloría debe denunciar el hecho al Ministerio Público o a un juez, de acuerdo a la Ley Nº 5033/13. Tal es, en breve síntesis, el marco normativo en el que se inscribe un delito que resulta de la comisión de otros. Si los fiscales y jueces lo aplicaran, muchos políticos ladrones estarían hoy en la cárcel y habrían entregado los bienes malhabidos, sumando su responsabilidad civil a la penal. Más aún, la Ley Nº 2523/04 dispone también, remitiendo al Código Penal, que en los casos de enriquecimiento ilícito será aplicable la sanción complementaria del pago de una suma de dinero, cuyo monto máximo será fijado según el patrimonio del autor. Ante la evidente inacción de la Contraloría y del Ministerio Público, que consagran así la impunidad, es comprensible que el citado “Bachi” Núñez le haya dicho a un colega médico del hospital de Villa Hayes: “Me voy a dejar de esto y me voy a meter en política para ser rico”. Genera ansiosa expectativa en la ciudadanía saber si el próximo presidente, Mario Abdo Benítez, tendrá coraje y fuerza para impulsar, por los medios a su alcance, el combate a esta descarada delincuencia de los políticos, o si hará la vista gorda o él mismo participará del festín, como ha venido ocurriendo con sus predecesores.