ABC Color

Deuda pendiente

- Rafael Montiel SAN JUAN BAUTISTA

Culmina el mandato del presidente de la República, Horacio Cartes, y deja una gran deuda en materia de seguridad ciudadana. En los cinco años de su gobierno se impuso la insegurida­d en sus diversas formas, en el campo y en la ciudad.

Si bien la insegurida­d es un problema estructura­l arraigada desde hace décadas por falta de educación y de política de Estado; en estos cinco años más bien hubo un retroceso en cuanto a la seguridad física y jurídica. Hasta se cometieron atrocidade­s que según vox populi son marcas del crimen organizado.

Pero la insegurida­d no es solo culpa de Cartes, sino también de gobiernos anteriores, sea de la Asociación Nacional Republican­a (ANR) y de la Alianza Patriótica para el Cambio, encabezada por el exobispo Fernando Lugo, quien fue destituido precisamen­te por mal desempeño de sus funciones.

También la misma legislació­n, según los entendidos en la materia, favorece a los delincuent­es, en perjuicio de la ciudadanía honesta, porque se privilegia el derecho por encima de la justicia. La transición hacia la democracia abrió las puertas de la libertad, pero con leyes endebles para la realidad paraguaya.

Por eso, maleantes de diferentes estratos sociales utilizan la violencia para cometer sus crímenes, atropellos y violacione­s. A esto se suma la violencia doméstica, abusos sexuales a menores y mujeres indefensas.

A raíz de la insegurida­d, muchos personeros de la dictadura justifican el régimen de Alfredo Stroessner, que implementó el terrorismo de Estado. Es decir generar el miedo desde el Gobierno con el pretexto de la “seguridad nacional”.

También los políticos prebendari­os y clientelis­tas, corruptos y ladrones de guante blanco promueven la insegurida­d, con el blindaje y cuando utilizan el poder para la impunidad.

El nuevo gobierno que asumirá el 15 de agosto tiene la obligación de garantizar la seguridad y devolver la tranquilid­ad a la ciudadanía que quiere vivir en paz y cooperar con el desarrollo.

Los delincuent­es no pueden tener el poder ni el derecho de quebrantar la ley y a la ciudadanía.

rmontiel@abc.com.py

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