EDITORIAL

El drama de la salud en el Alto Paraguay. Desde hace tiempo, las denuncias de millonarias malversaciones de fondos públicos han sacudido al Alto Paraguay. Ahora mismo, la Contraloría está afirmando que detectó un faltante de 1.000 millones de guaraníes en la gestión de dos años de la exgobernadora cartista Marlene Ocampos, quien renunció para candidatarse a diputada y ganó una banca en las recientes elecciones. Mientras tanto, el calamitoso sistema de salud de la mencionada región viene exhibiendo su peor rostro. La dramática situación que sufrieron dos parturientas, que debieron ser trasladadas desde Fuerte Olimpo hasta el hospital de Pedro Juan Caballero, a 400 km de distancia, pese a lo cual perdieron a sus hijos, muestra la dolorosa realidad que viven los habitantes del Alto Paraguay. Se trata de solo algunos de los tantos padecimientos diarios que deben soportar muchos paraguayos en la búsqueda de una salud digna. Ante la indignante situación de la salud pública que se viene arrastrando en estos alejados lugares, es de esperar que el nuevo Gobierno que asumirá el 15 de agosto se muestre más sensible hacia los sectores más carenciados y alejados de los centros de poder, y no se acuerde de ellos solamente en épocas de elecciones, como ha venido ocurriendo.

Desde hace tiempo, las denuncias de millonarias malversaciones de fondos públicos han sacudido al Alto Paraguay. Ahora mismo, la Contraloría está afirmando que detectó un faltante de 1.000 millones de guaraníes en la gestión de dos años de la exgobernadora cartista Marlene Ocampos, quien renunció para candidatarse a diputada y ganó una banca en las recientes elecciones. Mientras tanto, el calamitoso sistema de salud pública de la mencionada región viene exhibiendo su peor rostro. Para ejemplificar los terribles dramas que suelen sufrir sus pobladores vale la pena relatar las peripecias que vivió, en la primera quincena del reciente mes de mayo, Margarita Millán, de 32 años, quien se encontraba en su séptimo mes de embarazo. Esta mujer acudió al centro de salud de Fuerte Olimpo, donde por falta de un equipo de ecografía no pudieron detectarle que su embarazo era de alto riesgo, lo que derivó para ella en un tortuoso calvario. El 15 de mayo, precisamente Día de la Madre, la paciente sufrió un desprendimiento de placenta, y al recurrir de nuevo al hospital público la obstetra detectó que el feto ya no tenía latidos. Con toda la tragedia que significó la pérdida de su hijo, sus padecimientos apenas empezaban, ya que la obstetra le comunicó que con suma urgencia debía someterse a una cirugía para extraerle el bebé fallecido, pero que, lamentablemente, no podía ser operada en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo porque el único anestesista estaba de vacaciones. Ante semejante desventura, la dolorida y maltratada paciente emprendió un viaje de 400 kilómetros por agua y tierra hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde los médicos –para salvarle la vida– le extirparon la matriz, debido a la infección interna que tenía, producto de dos semanas de permanencia del bebé muerto en su vientre. Menos de dos semanas después, el 21 de mayo, se produjo otro caso doloroso muy similar. Una menor de edad, con 37 meses de gestación, siguió el mismo camino tortuoso, ya que también debió ser trasladada de Fuerte Olimpo hasta la lejana Pedro Juan Caballero, para constatar que tampoco este bebé tenía ya signos vitales. Cabe preguntar, ¿cuántos casos más de estos se estarán produciendo en el Alto Paraguay sin que salgan a la luz? Mientras tanto, el dinero destinado para la atención de los pobladores se escurre por el barril sin fondo de gobernantes ladrones, sin que los responsables vayan a parar a la cárcel, como corresponde. Y conste que la dolorosa situación que padecen los habitantes del Alto Paraguay se reproduce en muchos otros lugares alejados de nuestro país. Sin exagerar, podemos afirmar que el calvario sufrido por dichas mujeres que perdieron a sus hijos bien podría servir de excelente argumento para una película de corte dramático, pero, en la realidad, se trata de solo algunos de los tantos padecimientos diarios que deben soportar muchos paraguayos en la búsqueda de una salud digna, que les niegan la indiferencia y la corrupción de las autoridades. Ante la gravedad de los hechos y la calamitosa situación de los entes públicos de la sanidad, algunas reacciones no se hicieron esperar. A este respecto, el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, convocó a las principales autoridades del Alto Paraguay a fin de analizar y exigir soluciones ante la deplorable situación que viene dándose en la XVII Región Sanitaria de Fuerte Olimpo, centro asistencial cabecera del departamento, donde los pacientes muchas veces encuentran la muerte antes que la recuperación de su salud. Además de no contar con especialistas, el nosocomio carece de todo, como equipos de diagnósticos, muchos insumos básicos, y ni pensar siquiera en una unidad de terapia intensiva (UTI). Ante la indignante situación de la salud pública que se viene arrastrando en estos alejados lugares, es de esperar que el nuevo Gobierno que asumirá el 15 de agosto se muestre más sensible hacia los sectores más carenciados y alejados de los centros de poder, y no se acuerde de ellos solamente en épocas de elecciones, como ha venido ocurriendo. El presidente electo Mario Abdo Benítez prometió durante su campaña una mejora sustancial en todo lo que se refiere a la salud de la población. Por eso, es de esperar que el doctor Julio Mazzoleni –anunciado como nuevo ministro de Salud– desarrolle una gestión honesta y comprometida con la gente, comenzando por ubicar en los cargos de responsabilidad a los mejores profesionales y, sobre todo, evitando poner la institución a su cargo a merced de las autoridades de turno para ser utilizada con fines políticos, como ha sido norma de las administraciones que le precedieron. La crítica situación de la salud pública en el Paraguay debe cambiar diametralmente de dirección, para lo cual es necesario un nuevo rumbo real, honesto y patriótico, y no como el que prometió el Gobierno saliente, un “nuevo rumbo” que resultó en un enriquecimiento ilícito para la claque gobernante.