Cuando la corrupción se castiga
SALAMANCA. El descubrimiento de una caja b, es decir, una contabilidad en negro que le permitía financiarse de manera fraudulenta al Partido Popular (PP) español, provocó la caída del gobierno. Después de dos días de debate en el Congreso, la moción de censura propuesta por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se llevó a votación y se impuso por la mayoría, provocando de esta manera la caída del gobierno de Mariano Rajoy que, durante siete años, estuvo al frente del gobierno. Después de varios años de investigación por parte de la policía de delitos económicos, los responsables de una sorprendente trama de corrupción, fueron llevados a los tribunales, donde soportaron un juicio oral y público. Las sentencias se dictaron a finales de la semana pasada y las condenas resultaron escalofriantes aunque se esperaba ya algo parecido. Al cabecilla, Francisco Correa le cayó una condena de 51 años de cárcel, mientras que a Luis Bárcenas, antiguo administrador del PP le dieron 30 años de prisión. A otros implicados en esta trama de corrupción que la policía llamó Gürtel (“correa” en alemán) para mantener el secreto de la investigación, hay como una veintena de otras condenas que van de quince a veinte años de cárcel. Un hecho curioso, por lo menos para nosotros: y es que las esposas de los principales condenados también han sido enviadas a la cárcel. A la esposa de Correa le dieron casi 15 años y a la esposa de Bárcenas otros tanto. En el segundo caso porque ella era la encargada de viajar a Suiza a esconder en cuentas secretas el dinero recibido en concepto de coimas y otros cobros dolosos. Y tanto la primera como la segunda fueron encontradas culpables de haber sido beneficiadas por los negocios turbios de sus maridos. El debate llegó a ser dramático, por momentos. Después de haber tratado de exculparse ante los congresistas, Mariano Rajoy se retiró del Congreso y se refugió en un restaurante con unos pocos allegados, donde estuvo, sin salir, durante siete horas. Posiblemente no podía creer lo que le estaba sucediendo mientras se negaba a dimitir porque ello significaría “reconocer la financiación ilegal” de su partido. De haber renunciado se suspendía la moción de censura y salía de manera honorable. Al no hacerlo, para decirlo con palabras sencillas, fue echado de su puesto. El nuevo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en un discurso tenso, convincente, disuasorio, elocuente, le pidió que renunciara por el bien de toda España y agregó: “No se puede obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad. Porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción”. Al día siguiente del debate, destituido Rajoy, Sánchez juró como nuevo presidente de Gobierno ante el rey Felipe VI y las autoridades del Congreso. No pensaba tocar este tema pues deseaba hablar sobre la extremadamente grave situación que se está viviendo en nuestro país. Pero terminé haciéndolo porque considero que lo sucedido esta semana en España es un hecho ejemplar digno de imitación porque funcionan las instituciones democráticas, porque hay políticos que actúan pensando en los intereses del país, porque hay tribunales independientes que no siguen las directivas de otros poderes ni de grupos de presión, y porque ante hechos de corrupción los responsables directos y también quienes indirectamente se benefician de tal manera ilícita de proceder reciben el castigo que se merecen. Algunos van a la cárcel y otros marcharán al ostracismo, al silencio que le condena su vergonzoso proceder. Como debe ser.