Edil denunciará a McLeod por documentación falsa
CIUDAD DEL ESTE (Sofía Masi Verón, de nuestra redacción regional). El concejal de Ciudad del Este, Celso Miranda “Kelembu”, fue absuelto ayer en un juicio oral por una querella por difamación, presentada por un funcionario municipal. Como prueba, el empleado había arrimado documentos con datos presuntamente falsos provistos por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías. El edil absuelto anunció que presentará una denuncia por producción de documentos públicos de contenido falso contra la jefa comunal.
El juez Milciades Ovelar absolvió a Celso Miranda (Independiente). Este había sido querellado por difamación, calumnia e injuria por Walter Feltes, encargado del área de recaudaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, quien se sintió afectado por expresiones del concejal.
“Kelembu” había publicado en redes sociales y dicho a medios de comunicación que “el único beneficiado con la recaudación del uso de cepos es Walter Feltes”. Miranda también lo calificó como el “recaudador del cepo”, “se esconde como rata”, frases consideradas agraviantes por el querellante.
En el marco del juicio, el juez pidió información a la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, sobre la recaudación en concepto de estacionamiento y uso de cepo para vehículos infractores. Esto, teniendo en cuenta el origen de la discusión entre las partes.
El informe presentado al juez por la intendenta señala que la Municipalidad recaudó G. 2.364.043.576 en estacionamiento controlado y G. 174.085.355 en el uso de los cepos en 2016. Sin embargo, estos datos no coinciden con el informe presentado a la Junta Municipal, donde figura que la Comuna recaudó solo G. 434.984.541 durante el 2016.
“Estamos hablando de que la intendenta presentó documentos públicos de contenido falso. Falsearon datos ante un juez, esto es gravísimo. Los documentos son contundentes”, manifestó el concejal Celso Miranda.
Celebró su absolución y anunció que denunciará a la jefa comunal ante la Fiscalía, por producción de documentos públicos de contenido falso, un hecho punible cuya expectativa de pena es de 10 años de prisión.
El juez basó la absolución en que no se puede hacer una interpretación extensiva de los dichos del concejal porque no se presentaron elementos suficientes para probar los hechos denunciados.