Asociaciones para delinquir

Rolando Niella

Leo en el artículo de Jesús Ruiz Nestosa, publicado en este diario el día 4 de este mes, una explicación resumida, pero muy clara, de la crisis de gobierno que ocurrió en España a raíz de la sentencia condenatoria por la financiación ilegal del Partido Popular, que estaba al frente del gobierno, pero que, lógicamente, a pocos días de conocerse la sentencia fue desalojado de la presidencia del gobierno.

Entiendo que en nuestro país solo imaginar que la justicia dejaría prosperar un juicio contra el partido gobernante parece una fantasía y que, para colmo, llegara a una sentencia condenatoria, una especie de delirio inverosímil hasta para la mente más delirante. Pero ahí tenemos los hechos: cargos públicos y listas electorales plagadas de personas sospechosas y con frecuencia más que sospechosas de corrupción; necia, desfachatada y tercamente defendidas por sus respectivas cúpulas partidarias.

Como hecho individual, la corrupción ha existido, existe y seguirá existiendo siempre y en todas partes del mundo, porque forma parte de la condición humana. La diferencia significativa está en la reacción del sistema institucional y de la ciudadanía ante ella. Una sociedad saludable perseguirá y castigará a los corruptos, una sociedad enferma los tolerará o inclusive, en los casos más graves, los protegerá con un blindaje impenetrable de impunidad.

Así pues lo más significativo no es tanto que en un partido político haya algunos corruptos, sino que el propio partido, como organización y como persona jurídica, sea culpable de ser amparo y, en consecuencia, cómplice de los hechos de corrupción y, en nombre de la “lealtad al correligionario”, se defienda y proteja activamente a los corruptos, destruyendo para ello todos los mecanismos fiscales y judiciales.

En mi opinión, la acción de los partidos políticos en nuestro país se ha ido degradando y han pasado de la tolerancia dañina y cómplice, pero al menos pasiva, a una activa, decidida y sistemática acción de defensa de la impunidad de “los correligionarios”. En contrapartida en la ciudadanía se puede apreciar todo lo contrario: cada vez menos tolerancia con la impunidad y cada vez mayor demanda de castigo de la corrupción. En consecuencia la política se distancia cada día más de los ciudadanos.

Los partidos políticos son organizaciones no solo lícitas sino indispensables para el normal desenvolvimiento de un Estado de derecho. Al menos en teoría, deben representar aproximadamente las diversas preferencias políticas, ideológicas y los intereses sectoriales de los ciudadanos… Repito: de los ciudadanos y no solamente de sus militantes y operadores políticos.

Es por tanto incalculable el daño que la degradación de una organización partidaria o de más de una, como es el caso en nuestro país, que asumen una complicidad activa con “sus correligionarios” delincuentes, producen en todos los ámbitos del desenvolvimiento político, económico y social.

En lo político, los partidos comienzan a tener la imagen de vulgares organizaciones (¿lícitas?) para delinquir. En lo económico, el delito se hace competencia desleal de cualquier actividad productiva rentable y anula cualquier forma de seguridad jurídica. En lo social los ciudadanos se sienten estafados, indefensos y abandonados.

Por desgracia no hay en la actualidad ningún organismo de nuestro sistema institucional, ya dependa del Poder Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, lo bastante prestigioso para liderar un saneamiento que revierta esta situación… Todos serían sospechosos de estar persiguiendo no corruptos sino adversarios, como hemos visto ocurrir en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La esperanza es lo último que se pierde: ¿Será que el gobierno entrante es consciente de que este estado de cosas, este deterioro de la política y las instituciones se ha vuelto insostenible no solo en el Paraguay de hoy, sino en un mundo actual, donde cada vez la impunidad se vuelve más indefendible?