Carecen de autoridad
Días pasados, Alicia Pucheta, la vicepresidenta de Horacio Cartes, presidió un acto público donde en nombre del Estado paraguayo pidió perdón a familiares de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, además de inaugurar un monolito en homenaje a los desaparecidos, dando así cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con este acto, el Estado paraguayo y la CIDH quieren poner punto final a la calamidad que azotó a la sociedad paraguaya entre los años 1954 y 1989, como si con el sencillo gesto de pedir perdón y grabar algunos nombres en una piedra se pudiera borrar de la memoria de todas las víctimas directas e indirectas los traumas causados, los perjuicios y mutilaciones físicas, los daños económicos y patrimoniales –muchos de ellos irreparables– y los asesinatos y desapariciones, causadas por la dictadura, no por el Estado.
No es el Estado paraguayo el responsable de lo acontecido con las víctimas y con todo el pueblo paraguayo en el lapso 1954/89. No, no es el Estado, (donde cabemos todos, hasta las víctimas y los victimarios), el que debe por los abusos y latrocinios de aquella época. Es la dictadura la que adquirió deuda y en ella no estuvimos todos, solo los victimarios. Por eso es perverso trasladar toda la deuda de la dictadura sobre los hombros del Estado, como si quienes no fuimos victimarios tuviésemos una cuenta pendiente con las víctimas.
No se hace justicia con perdón sino con la aplicación de la ley. El Estado no está para asumir la responsabilidad de una dictadura sino tal vez subsidiariamente la de los funcionarios y políticos de aquella época como una solución parcial. ¿Qué clase de paz, con perdón pero sin justicia puede llegar a los corazones de familias cuyos miembros fueron muertos, torturados y desaparecidos en una intensa lucha por la libertad y la democracia? La indemnización del Estado a las víctimas es apenas un parche de emergencia.
Si existe una deuda del Estado con las víctimas de la dictadura es no haber hecho lo que debía desde el advenimiento de la democracia: Encarcelar a todos los torturadores, juzgar a los responsables de la dictadura, desde el número uno hasta el último; recuperar los bienes malhabidos de los cuales se apropiaron ilegítimamente y tratar de reponerlos a sus verdaderos dueños. Solo entonces, luego de haber procurado hacer su tarea, habría lugar para un pedido de disculpas de un Estado, que hoy, sin embargo, carece de autoridad para decir: “basta, olvídense”, por los múltiples rostros stronistas que aún medran en la estructura estatal.
Dirán que la dictadura ya no existe. La estructura ya no existe, es cierto, pero están ahí sus prácticas, su mentalidad, y muchos de sus representantes que hoy fungen de hombres de Estado, con nombres, fortunas, apellidos, rostros y prontuarios que tratan de borrar con militancia partidaria.
Ahí están, ellos son quienes deberían primero pagar sus culpas a través de las exigencias del Estado. Sin embargo, con la complicidad de quienes se quedaron con la jerarquía del Estado, sin renegar totalmente de la dictadura, nunca rindieron cuentas, nunca devolvieron nada, y fueron los primeros en beneficiarse, económica y políticamente, con el advenimiento de la democracia.