EDITORIAL

La basura, un gran negociado. A medida que avanza el tiempo y se van produciendo novedades con relación a la empresa “El Farol S.A.”, este asunto se va tornando más y más turbio, como todo negociado en el que se van metiendo políticos sinvergüenzas a traficar influencias. En 2009, la mencionada empresa obtuvo del Gobierno en arrendamiento por 20 años una finca perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, en el Bajo Chaco, en una zona ambientalmente protegida. Posteriormente, en 2013, dos diputados, entre ellos Óscar Núñez, integrante del angurriento “clan Núñez” de Villa Hayes, presentaron un proyecto de ley que autoriza al Gobierno a vender a “El Farol S.A.” nada menos que 500 hectáreas de la mencionada finca que más adelante el presidente Horacio Cartes dejó que tuviera promulgación ficta. Las autoridades intervinientes se pasaron olímpicamente por alto que el predio pretendido se halla dentro de una área de reserva protegida de los humedales del Bajo Chaco, según dos decretos. Dada la cantidad de gente que tomó parte en este proyecto de “El Farol S.A.”, debe constituir una promesa de ganancias fabulosas; un negociado cuyos secretos todavía no son conocidos por la ciudadanía, aunque sin duda se dejarán develar en algún momento. Pero entonces ya será tarde para remediar graves perjuicios a los inmuebles fiscales, de lo cual ya tenemos los paraguayos y las paraguayas antiguas y dolorosas experiencias.

A medida que avanza el tiempo y se van produciendo novedades con relación a la empresa “El Farol S.A.”, de la que figura como principal accionista una señora de nombre Adelaida Cañete, este asunto se va tornando más y más turbio, como todo negociado en el que se van metiendo políticos sinvergüenzas a traficar influencias. En el caso de la mencionada empresa, en 2009 obtuvo del Gobierno un contrato de arrendamiento por 20 años –que fue calificado de irregular y violatorio del Art. 807 del Código Civil– de una finca perteneciente al Estado (Ministerio de Defensa Nacional), con el fin –se dijo– de instalar allí un vertedero de desechos sólidos y lixiviado (líquidos contaminantes). El predio se halla en el Bajo Chaco e integra una zona ambientalmente protegida. Los voceros de la empresa afirman que su vertedero solamente ocupa una parte del área de amortiguamiento, como si esto fuese un pretexto. Después de más de cuatro años, en 2014, el propósito empresarial todavía no se había concretado, pese a la intensa autopublicidad hecha por los dueños para difundir la idea de que se trataba de un proyecto “único” en el país, por sus características avanzadas. Pero debió haber comenzado a funcionar en ese año, de acuerdo a lo consignado formalmente en el Estudio de Impacto Ambiental y su Relatorio presentado por El Farol S.A. y aprobado por la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales de la Secretaría del Ambiente (Seam), mediante la Resolución N° 1881/2014 de fecha 14 de julio de 2014. Sucedió que unos cuantos meses antes, el 3 de diciembre de 2013, los diputados colorados Tomás Rivas y Óscar Núñez presentaron en su cámara un proyecto de ley que autorizaba al Gobierno a vender a la empresa El Farol S.A. nada menos que 500 hectáreas del inmueble bajo dominio del Ministerio de Defensa Nacional. Detrás del proyectista Óscar Núñez opera el siniestro y angurriento “clan Núñez” de Villa Hayes, cuyo jefe es Basilio “Bachi” Núñez, hasta hace poco asesor principal del presidente Horacio Cartes, que fue durante mucho tiempo “propietario” de la OPACI, y que actúa acompañado de otro hermano suyo, el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez. Del alquiler, por consiguiente, pasaron a interesarse en la adquisición del inmueble fiscal (Finca 916), la que fue concretada el pasado 17 de mayo, con la promulgación ficta que hizo el presidente Cartes, al dejar transcurrir el plazo para expedirse sobre la ley sancionada en el Congreso. Con esto, Cartes aplica la “ley del ñembotavy” a favor de sus amigos, a fin de que la otra ley –violatoria de todas las normas de protección ambiental– pueda tener vía libre. Lo cierto es que lo que El Farol S.A. creó en el predio señalado no fue una planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, con el objeto de suprimir su peligrosidad y aprovechar lo reciclable, que es la finalidad natural de plantas como estas, sino que simplemente instaló un depósito de basura vulgar y silvestre.

La publicidad de las “grandes inversiones” que se iban a realizar en las instalaciones y la modernidad de los equipos que iban a emplear constituyeron las clásicas promesas de los que gestionan favores y privilegios especiales de parte del Gobierno, en nombre del desarrollo, de las soluciones integrales, del progreso y otros valores similares. Cuánta coima tuvo que correr para que este negociado lograra concretarse, es algo que no se sabe aún; pero puede inferirse que no habrá sido poca, y, asimismo, que lo obtenido por los aventureros vale realmente mucho. No es menos importante consignar que tanto la señora Adelaida Cañete como los impresentables miembros el “clan Núñez” y las autoridades públicas se pasaron por alto, olímpicamente, un dictamen de la Contraloría General de la República que desaconsejaba la operación, ya que el predio pretendido se halla dentro de una área de reserva protegida de los humedales del Bajo Chaco, declarada en esta condición por los decretos Nº 6473/11 y 8424/12. Más allá de tener en cuenta los engaños, las trampas, las colusiones, las defraudaciones y las ilicitudes que hay que cometer para lograr concretar esta clase de negociado en nuestro país, que de por sí son los peores ejemplos que proyectamos al exterior y que ensucian nuestra imagen colectiva, es llamativa la cantidad de intermediarios que tuvo que ser contentada para que esta farsa llegara a buen final.

Desde los “empresarios” de El Farol S.A. (firma que pone la cara), pasando por los “gestores”, o sea el “clan Núñez” y los abogados, hasta dos mayorías en el Congreso y la venia final de Cartes, había que “convencer” a mucha gente, cumplir trámites, hacer mucho “lobby”, superar varios obstáculos y dictámenes adversos, todo lo cual, como es evidente y sabido, insume ingentes esfuerzos personales y pone un montón de dinero en juego. De lo expuesto se deduce que el proyecto de “El Farol S.A.” debe constituir una promesa de ganancias fabulosas ; un negociado cuyos secretos todavía no son conocidos por la ciudadanía, aunque sin duda se dejarán develar en algún momento, más adelante. Pero entonces ya será tarde para remediar graves perjuicios a los inmuebles fiscales, de lo cual ya tenemos los paraguayos y las paraguayas numerosas, antiguas y dolorosas experiencias. En cuanto al caso de la disposición de desechos sólidos y líquidos, contaminantes o no, continúa siendo una enfermedad crónica de nuestras ciudades, en especial del área metropolitana capitalina. Hace dos décadas que el vertedero Cateura debió ser clausurado. Cada año se habla de la “urgencia” de reemplazarlo y de instalar el equipamiento indispensable para el reciclado y la aplicación de medidas de inocuidad, pero no pasa de la mera charla. En veinte años no se hizo nada al respecto. Cateura continúa siendo un buen negocio para pocos y una bomba de tiempo para todos.

Ahora que el país tendrá un nuevo Gobierno, las autoridades deben tomar conciencia de lo que este asqueroso problema implica para la salud y la seguridad de esta generación y de las futuras. Al mismo tiempo, tener como prioridad la renovación de la Justicia, para que tanto los falsos empresarios que pervierten con las coimas como los venales funcionarios gubernamentales que no cumplen con sus obligaciones vayan a parar a la cárcel.