Denunciarán a los jueces que censuran a la prensa
El titular del Colegio de Abogados del Alto Paraná, Mauro Barreto, anunció que denunciarán ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los jueces que amordazan a la prensa mediante recursos de amparo. El tribunal de apelación sigue sin resolver la a
CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). Ayer venció el plazo para que un tribunal de apelación confirme o rechace la sentencia definitiva Nº 12, dictado por el juez Amílcar Marecos, a favor de una universidad privada y la rectora de la institución. Esta sentencia prohíbe a los medios de comunicación mencionarlos en una denuncia penal por acoso sexual. La resolución fue apelada por el diario Vanguardia, uno de los medios afectados, y la decisión está en manos de los magistrados Isidro González, Aniceto Amarilla y Mirian Meza.
La rectora y representante de la universidad promovió un amparo para censurar el seguimiento al caso de acoso sexual cometido supuestamente por un directivo de la casa de estudios, ingeniero Gustavo Ramón Duarte Ruiz, esposo de la rectora. Como el amparo prosperó, el propio presunto acosador también recurrió a otro amparo. En este caso, el juez Marino Méndez le dio una medida cautelar, también prohibiendo a los medios de comunicación que mencionen a Duarte Ruiz. En ambos casos ni siquiera se respetaron los plazos procesales y las formalidades como presentar copias para las notificaciones, acreditar la personería, pero pese a ello, los jueces se prestaron.
Sin embargo, ayer a la tarde el juez Méndez reculó y dio lugar a los pedidos de los abogados Irma Núñez y Porfirio Garcete, que en nombre del diario Vanguardia solicitaron el rechazo de la demanda por incumplir las formalidades. En consecuencia, también se levantaron las medidas cautelares a favor de Duarte Ruiz.
El abogado Barreto manifestó que no hay ninguna garantía de que los tribunales y jueces de la zona subsanen las falencias de estas resoluciones. Dijo que la Corte Suprema debería tomar acciones al respecto y el Jurado las medidas contra los magistrados por tratarse de graves violaciones de garantías constitucionales. “Esto no solo les afecta a la prensa y los periodistas por coartar la libertad de prensa y la libertad de expresión sino también afecta a la ciudadanía del derecho de recibir información”, argumentó el profesional.