Contadores piden procesamiento de exviceministra de Tributación
Unos 230 contadores y auditores, contribuyentes del IRP, presentaron ayer la acción de inconstitucionalidad contra los decretos y resoluciones que modificaron las reglas del tributo.
Este es el primer grupo de contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP) que presenta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción contra las medidas dictadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda que limitan, entre otras cosas, la deducibilidad de las inversiones.
Un segundo grupo de profesionales se sumará con una acción similar en la próxima semana, así como también el primer grupo de empresarios que recurrirán con el apoyo de los gremios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
Con esta medida se busca obtener un fallo favorable de la justicia para poner fin a la controversia generada entre contribuyentes (asociación de contadores y gremios de empresarios) que se viene arrastrando desde diciembre de 2016, cuando la SET decidió modificar la reglamentación del IRP y establecer límites a las deducciones de las inversiones.
A esta disposición de la administración tributaria se sumaron luego notificaciones para que los contribuyentes del IRP rectificaran sus declaraciones de ejercicios 2012 al 2016 con base en estas nuevas reglas, lo que generó críticas, manifestaciones y negociaciones sin resultados favorables para los afectados, ya que el fisco se mantiene en su postura.
En ese sentido, los vencimientos para el pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2017 y presentación de las rectificaciones se inicia el 7 de julio.
“Dictadura tributaria”
Ruoti impulsó esta campaña para judicializar el caso debido, según había señalado, a las violaciones manifiestas que se dieron durante largos años por la SET imponiendo una “dictadura tributaria” y para evitar que otras administraciones hagan lo mismo.
En ese contexto, presentó la acción de inconstitucionalidad en representación de los profesionales contra los artículos 25, 26, 31, 33, 34, 35 y 36 del Decreto N° 9737/12 texto actualizado por los Decretos N° 6560/16 y 6910/17; los artículos 3 inciso a), 7 y 11 de la Resolución General N° 121/17 de la SET.
El escrito señala que las normativas violan principios y derechos fundamentales que la Constitución garantiza a las personas, como los artículos: 137, sobre prelación de las normas jurídicas; 44 y 179 sobre principio de reserva de ley en materia tributaria o legalidad; 3 y 106 principio de separación de los poderes y responsabilidad
personal del funcionario público.
Además, los artículos: 1, sobre principio de seguridad jurídica; 257, principio de subordinación de los órganos del Estado a los dictados de
la ley; 9, principio de autonomía de las personas; 109 sobre principio de inviolabilidad de la propiedad privada; 127, principio de cumplimiento obligatorio de la ley; y el 238, Inc 13.