¿Necesita el Paraguay de Fuerzas Armadas?
En respuesta a la plataforma de Gobierno del presidente electo Mario Abdo Benítez, en el sentido de que revitalizaría el servicio militar obligatorio, algunos políticos y ONG arguyen que, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, el Paraguay debería deshacerse de sus Fuerzas Armadas y redestinar el dinero que ellas insumen a la salud y a la educación. Como nuestro país no mantiene conflictos con ningún vecino, y ha optado por los mecanismos de solución pacífica de controversias fronterizas, la conclusión obvia es que el Paraguay, en términos de seguridad nacional relativa a una hipótesis de conflicto, no necesita unas fuerzas armadas. Lo que resta para el debate público es si el país las necesita como garantes de la seguridad interna. Y bien, la respuesta a priori es que sí las necesita, pero a condición de que tengan la capacidad orgánica para cumplir la misión que la Constitución y las leyes les asignan, algo que no ocurre en la actualidad. Para ello, es preciso que posean la estructura orgánica adecuada, el personal entrenado y el equipo y los armamentos requeridos, con base en tablas de organización impuestas por la doctrina militar moderna, así como el apresto operacional de oficio. El próximo Gobierno debe proceder a una reestructuración orgánica de las Fuerzas Armadas, para que pueda cumplir a cabalidad cualquier misión institucional que se les encomiende.
En respuesta a la plataforma de Gobierno del presidente electo, Mario Abdo Benítez, en el sentido de que revitalizaría el servicio militar obligatorio, hoy virtualmente desaparecido, algunos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) arguyen que, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, el Paraguay debería deshacerse de sus Fuerzas Armadas y redestinar el dinero que ellas insumen a la salud y a la educación, pues el país no mantiene controversias limítrofes con ningún vecino, excepto en un tramo de 20 kilómetros de frontera no demarcada con el Brasil en la Cordillera de Mbaracayú, desde el Hito 341/IV hasta su intersección con el río Paraná. Pero como para resolver ese diferendo nuestro país ha optado por los mecanismos internacionales de solución pacífica de controversias fronterizas, la conclusión obvia es que el Paraguay, en términos de seguridad nacional relativa a una hipótesis de conflicto con los países limítrofes, no necesita unas fuerzas armadas.
Por tanto, lo que resta para el debate público es si el país las necesita como garantes de la seguridad interna. Y bien, la respuesta a priori es que sí las necesita, PERO a condición de
que tengan la capacidad orgánica para cumplir la misión que la Constitución y las leyes les asignan, algo que no ocurre en la actualidad. Para ello, es preciso que posean la estructura orgánica adecuada, el personal entrenado y el equipo y los armamentos requeridos, con base en tablas de organización impuestas por la doctrina militar moderna, así como el apresto operacional de oficio.
El Paraguay carece hoy de unas Fuerzas Armadas con capacidad organizativa y operativa para cumplir con su misión institucional. Existen virtualmente solo en los papeles en cuanto a organización, equipamiento y personal encuadrados en el ficticio organigrama del Ejército con tres supuestos Cuerpos de Ejército, con igual número de Divisiones y de Regimientos cada uno, respectivamente.
En tiempos de la dictadura, las Fuerzas Armadas contaban con unos 8.000 soldados conscriptos y 25 generales y almirantes en actividad. En contraste, hoy tienen solo 792 soldados profesionales contratados y 3.032 soldados conscriptos, en las tres Fuerzas componentes (según el Presupuesto General de la Nación 2018). En cambio, aunque parezca absurdo, el número de generales y almirantes en actividad ha trepado a 82.
Lo mismo puede decirse de los cuadros de oficiales, suboficiales y sargentos: existen actualmente 2.815 oficiales superiores y subalternos, 2.044 suboficiales y 4.442 sargentos, a más de personal civil administrativo. Es que, durante los gobiernos civiles de la era democrática, la inflación del personal militar supernumerario ha acompañado el exponencial aumento del funcionariado público.
Cada año egresan de la Academia Militar y de los demás institutos militares de enseñanza, tanto de oficiales como de suboficiales, el doble de los que egresaban bajo el régimen dictatorial de Stroessner. No debe sorprender, entonces, que
aunque el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional (US$ 307.168.884) representa solo el 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB), el mismo es casi totalmente absorbido por los sueldos del personal militar y civil administrativo, sin que sobre una pizca para la inversión en compra de equipos y/o armamentos, o al menos para el mantenimiento de lo poco de que dispone. Ni hablar de recursos para los ejercicios tácticos indispensables para el apresto operacional de las unidades de combate.
Más allá de su misión doctrinaria de combate, las Fuerzas Armadas de un país deben poder realizar tareas de asistencia humanitaria con rapidez y eficacia en casos de desastres naturales, tales como inundaciones y fenómenos meteorológicos severos, cuando ellos superan la capacidad de las instituciones civiles responsables de atenderlos, proporcionando medios y personal para encargarse de operativos masivos. Nuestras Fuerzas Armadas carecen de capacidad operativa para cumplir tal misión con eficacia, por lo que a veces la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se ve obligada a implorar ayuda de países vecinos.
La Ley N° 1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna” –modificada durante el Gobierno actual– autoriza al Presidente de la República a emplear elementos de combate de las Fuerzas Armadas para acciones de seguridad interior, o sea, para su intervención en zonas de conflicto cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna, que comprometan o superen las capacidades efectivas de la Policía Nacional.
De hecho, la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por el Decreto N° 103, del 24 de agosto de 2013, del presidente Cartes, supuso la aplicación de la ley citada para combatir al grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En casi cinco años de despliegue en el norte de la Región Oriental, esa fuerza liderada por elementos de combate de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), no ha podido neutralizar al minúsculo grupo terrorista que se enseñorea de los departamentos de Concepción y San Pedro. Dramática circunstancia que ejemplifica la ineptitud de nuestras Fuerzas Armadas para cumplir con su misión institucional de custodiar la seguridad interna. Como ocurre cuando hay desastres naturales, el fracaso de la FTC en capturar o abatir a la veintena de terroristas del EPP configura otra típica faceta de su incapacidad operativa para cumplir con su misión institucional.
De las consideraciones anteriores se desprende que no se justifica que el Paraguay tenga unas Fuerzas Armadas en estas condiciones. No las necesitamos para defender nuestra soberanía contra potenciales agresores externos, pero sí para preservar la seguridad interna, cada vez más jaqueada por narcotraficantes, contrabandistas y criminales agavillados, como el EPP, así como para cumplir misiones de asistencia humanitaria en casos de desastres naturales, y hasta para participar en operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero a requerimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por tanto, es imperioso que el próximo Gobierno proceda a una completa reestructuración orgánica de las Fuerzas Armadas, racionalizando sus cuadros de personal y reequipándolas con armamento moderno y medios tecnológicos de empleo táctico, para que puedan cumplir a cabalidad cualesquiera de las misiones institucionales que se les encomienden.