Fallo judicial pone en jaque a los corruptos
Los corruptos impunes que circulan por las dependencias del Estado deben estar con “las barbas en remojo”. Un histórico fallo judicial ordenó entregar las declaraciones de bienes de altos funcionarios –guardadas “bajo siete llaves” por la Contraloría– para su divulgación pública. En esta entrevista el camarista Pedro Mayor Martínez señala que el fallo es apenas un paso en la lucha contra la corrupción.
–La resolución que tomaron ustedes, primero el juez (Rubén) Riquelme, es histórica. Por fin la ciudadanía podrá conocer el contenido de la declaración de bienes de altos funcionarios y comparar lo que dicen que tienen y lo que en realidad tienen. ¿Puede resumir el alcance de ese fallo?
–Lo que aquí fue objeto de estudio es el interés de un grupo de personas, concretamente periodistas, de acceder a información contenida en la Contraloría referente a las declaraciones juradas de los funcionarios en altos cargos, en principio electivos, de ministros, ministros de Corte Suprema, Presidentes, Vicepresidentes, fiscales, asistentes fiscales, y cumplir así con el artículo 28 de la Constitución, que es de libre acceso a la información pública, y por supuesto realizar desde ese punto de vista la tarea que tienen los medios de comunicación, sobre todo el periodismo de investigación, de chequear si se ha dado cumplimiento a la disposición del 104 de la Constitución si esos funcionarios han presentado o no una declaración de bienes
–El contralor se negó a dar esa información a la prensa con la excusa de la privacidad...
– El amparista (el recurrente) ha hecho un planteamiento que le fue denegado por la Contraloría en el entendimiento de que la ley de acceso a la información pública no habilitaba a entregar esa información. Una resolución favorable de primera instancia (del juez Rubén Riquelme) es la que determina que justamente la (ley) 5282 permitiría el acceso a la información pública contenida en las declaraciones juradas. Eso fue objeto de apelación ante la cámara. Entendimos (con el juez Gustavo Santander con la disidencia de Gustavo Ocampos) que el tema tenía una relevancia tal que era conveniente dedicarle algo de tiempo en el abordaje que teníamos que hacer respecto al alcance de la información pública que está contenida en las declaraciones juradas y compatibilizar entonces esa misma con las leyes que también existen y rigen. Hemos delineado qué porción de información contenida en esa declaración jurada podía ser objeto de publicidad...
–Usted dijo que divulgar la declaración de bienes tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para el funcionario...
–Sí. Son argumentaciones elaboradas en mi voto. Los funcionarios tienen un estándar de privacidad inferior al del ciudadano común.
Luego de un debate que hemos tenido en la sala, consideramos en ese sentido que la información contenida en fuente pública en modo alguno perjudicaría al ciudadano servidor público con relación a algún tipo de riesgo que este pudiera argumentar en torno a que dicha información pueda ser conocida por la ciudadanía. Entendimos que esa información sí supondría mejores beneficios en el contexto del servicio público , en el contexto también de lo que hoy por hoy se pretende a nivel país y a nivel región que es la transparencia del servicio público. La corrupción es hoy por hoy uno de los flagelos que atentan gravemente a la sociedad. La transparencia es algo que garantizaría en definitiva que los servidores públicos tengan en cuenta que serán observados por los órganos de control y la propia ciudadanía a través de la sociedad civil organizada.
–La sentencia no tiene efecto erga omnes. ¿Qué significa?
–El amparo como tal es una decisión que se toma y en cada caso concreto tendrá que ameritar nuevamente el impulso de nuevas acciones. Este fallo es el inicio, es la punta del ovillo, así que depende de lo que la Contraloría determine a partir de ahora, pues la Contraloría tiene en sus manos la posibilidad de abrirse totalmente a los interesados, sin esperar necesariamente una nueva acción de amparo. Hemos intentado transmitir un mensaje a las instituciones públicas y en este caso a la Contraloría General de la República, a fin de que comprenda que ya no estamos aislados. Este es un movimiento que no es irrazonable, no es inconstitucional, no es inconvencional. Se enmarca en una necesidad de la sociedad de conocer quiénes son sus servidores públicos, cuánto ganan, y si lo que han logrado recaudar se adecua a su crecimiento y por lo tanto se enmarca en las convenciones contra la corrupción..
–Muchos de esos “servidores” tienen “buenas razones” para ocultar el volumen de su patrimonio...
–Por supuesto. Si yo tengo un buen pasar y eso se debe a recursos impropios o ilícitos que recibo en el cumplimiento del servicio, no será de mi interés que eso sea conocido por la ciudadanía, lo que mantendrá el statu quo de mi situación. Lo que pretendemos es que justamente esa tranquilidad con la que aparentemente está un funcionario corrupto ya no exista y que este se sienta controlado. Esa intranquilidad es saludable para la República. Esa intranquilidad le va a hacer pensar dos veces porque ahora el control ya no será simplemente orgánico sino responderá a las intervenciones dentro del marco de verificación y contralor de la ciudadanía de sus propios ingresos.
–Algunos de esos altos funcionarios dicen que corren “serio riesgo” de ser asaltados si se sabe sus ingresos y sus bienes...
–Para que yo sepa el nivel económico de una persona no necesariamente tengo que conocer su declaración jurada. Entiendo que los niveles a los que hoy está expuesto un servidor público no deberían arriesgar en modo alguno ese estilo de vida, sobre todo si los bienes que tiene se adecuan exclusivamente a los ingresos percibidos en el servicio.
–¿Por qué ese término “salud pública”, un concepto relacionado con la salud humana?
–Si logramos extender la idea de que el servidor está para cumplir con su cometido en beneficio de la ciudadanía y no servirse del rol o del cargo que ostenta pues, estaría iniciándose el proceso de la salud pública como principio erradicando de esta manera la epidemia de la corrupción que puede infestar de tal manera a que finalmente todos estemos enfermos y no haya cama que pueda llegar a contener a todos los ciudadanos públicos que puedan estar prestando servicio.
–¿No es mejor una cirugía mayor que alcance a mastodontes creados para transparentar y que más bien boicotean la transparencia?
–Necesitamos urgentemente la realización de diagnósticos antes de entrar en cirugía. Si entramos en cirugía y cortamos mal, entonces puede salirnos peor la solución. Creo en este caso que el esfuerzo que ya realiza la sociedad civil empujando un poco al mastodonte, por llamarlo de una manera, es el principio de lo que tenemos que hacer. Es como aquel picaflor que participa como uno de los animales del bosque en apagar un incendio llevando gotas en su pico y los demás se burlan de lo que pudiera llegar a hacer. Cada uno hace lo que puede y aporta en este caso su cuota de esfuerzo necesario en el combate a la corrupción. La intervención de la sociedad civil siempre dio y seguirá dando seguramente el impulso necesario para que los órganos de poder actúen y los servidores públicos se sientan parte de un movimiento que tiene que ver con la salud pública. Tenemos que curar el cuerpo y tenemos que intentar, como la lagartija, cortar la cola que ya no sirva para tratar de que crezca una nueva ya sobre principios de transparencia, de honestidad... –¿Hace cuánto en la magistratura?
–Hace 22 años en área penal...
–¿Hace cátedra también?
–Hago Derecho Penal, Derecho Procesal Penal en la Católica desde hace unos 18 años. Estoy en la Escuela Judicial también, en la investigación sigo en el área procesal penal...
–La revolución judicial tiene símbolos en otros países: el juez Falcone en Italia, Garzón en España o Moro ahora en Brasil. De repente aparece un juez corajudo que imparte justicia en el momento preciso, en la coyuntura exacta. En Paraguay, con la justicia descreída ¿para cuando?
–Ese es uno de los puntos que más interesan trabajar hoy ya desde la coordinación técnica de la Corte en el área penal. Es justamente propiciar que haya muchos Falcone, sobre todo porque en aquel entonces, en la Italia de la mafia afianzada en los diferentes niveles de poder, este juez con otros también abordaron una persecución penal que le costó la vida. Hoy por hoy la pregunta es si magistrados y fiscales están dispuestos también a tomar decisiones de ese tenor. Y es eso lo que tratamos de propiciar: que haya muchos Falcone, que haya muchas personas que afronten el momento coyuntural que tienen tomando las decisiones acorde a ese lineamiento constitucional, a ese lineamiento convencional. Lamentablemente la situación por la que atraviesan magistrados y fiscales no es la mejor de todas. Hemos tenido la experiencia negativa del Jurado de Enjuiciamiento (de Magistrados). –Por el caso González Daher...
–Los jueces no pueden ser amenazados por la propia estructura. Los jueces tienen que ser protegidos para la toma de decisiones acorde a la Constitución y acorde a la Convención. Y este es el momento de levantarse y organizarse. Es el momento de dialogar con otros exponentes, con otros actores fundamentales del servicio de justicia y del control del servicio de justicia, políticos, jueces, legisladores, miembros del órgano ejecutivo y empezar a afrontar realidades nacionales. Desde ese punto de vista si el discurso es coincidente, pues creo que las soluciones podrían ser coincidentes y mejoraría sobremanera el servicio como tal a la ciudadanía. El nuevo presidente del Jurado, el doctor Kriskovich, ha dado ya claros mensajes de que se corregirán errores y se retomará la línea del verdadero rol que tiene que tener.
Lo que pretendemos es que esa tranquilidad con la que está un funcionario corrupto ya no exista y que este se sienta controlado. Esa intranquilidad es saludable para la República...