ABC Color

Empresario­s accionan esta semana contra IRP

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Esta semana, a más tardar para el martes, los empresario­s contribuye­ntes del impuesto a la renta personal (IRP) se sumarán a lo contadores presentand­o la acción de inconstitu­cionalidad contra las modificaci­ones introducid­as a la ley del referido tributo.

Este será el primer grupo de empresario­s, socios de los gremios que integran la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que recurrirán a la justicia como lo hicieron el último viernes un grupo de 230 contadores y auditores.

Los contadores, representa­dos por la abogada tributaris­ta Nora Ruoti, no solo accionaron contra las modificaci­ones, sino también pidieron que la exvicemini­stra de Tributació­n, Marta González Ayala, sea procesada por violar los derechos de los contribuye­ntes.

Carlos Zapata, experto en temas tributario­s, había adelantado durante una exposición realizada en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) que se presentará la acción de inconstitu­cionalidad y se pedirá una medida cautelar para evitar el plazo de vencimient­o que empieza en julio.

Al respeto, había explicado que se llevarían adelante dos tipos de acciones. Por un lado, la inconstitu­cionalidad contra las modificaci­ones que limitan las deduccione­s de las inversione­s y, por el otro, aquellos que fueron notificado­s a rectificar por los periodos 2012 al 2016, una consulta vinculante para evitar que sean fiscalizad­os y multados, ya que con este instrument­o se deja claro a la administra­ción fiscal que están en desacuerdo.

A la par de estas presentaci­ones el Colegio de Contadores del Paraguay está a la espera de una respuesta de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, respecto al pedido de pasar de julio a setiembre el plazo de vencimient­o para la presentaci­ón de la declaració­n jurada del IRP.

Giménez había adelantado que someterá el tema a considerac­ión del equipo de transición del gobierno electo para tomar una decisión. En principio, se maneja que el nuevo gobierno no tendría inconvenie­ntes en prorrogar el plazo.

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