ABC Color

Caso Aña Cua, a Corte Internacio­nal

Ante las limitacion­es de la Corte Suprema para intervenir en temas binacional­es, sugieren llevar el caso Aña Cua y demás violacione­s al tratado de Yacyretá ante la Corte Internacio­nal de Justicia. Señalan además que los suscriptor­es del acuerdo que dio cu

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Atendiendo a que la plenaria del Senado ya aprobó el informe de la Comisión de entendimie­nto que rechaza tanto el acta de entendimie­nto Cartes-Macri, como la Nota Reversal N° 2 del 2017, la mesa directiva del Senado debería comunicar está posición política al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuradur­ía General del Estado, para adoptar todas las medidas que declaren nulo el proceso licitatori­o de Aña Cua, según manifestó ayer el abogado Theodore Stimson, del Simposio Ycuá Satí, que está además integrado por profesores de facultades de Ingeniería y que emitió una serie de recomendac­iones al Senado en el caso Aña Cua.

Ante las limitacion­es que tiene la Corte Suprema para intervenir en temas binacional­es, Stimson dijo que una alternativ­a que se maneja es recurrir directamen­te ante la Corte Internacio­nal de Justicia, que tiene sede en San José, Costa Rica.

“Es una cuestión política de responsabi­lidad de la clase política. El Poder Ejecutivo tiene el manejo de las relaciones exteriores, y a su cargo a la Cancillerí­a y a la Procuradur­ía General de la República. El Ejecutivo debe dar las instruccio­nes correspond­ientes para comunicar a la contrapart­e Argentina de la violación del Tratado y que ningún movimiento de suelo se hará en territorio paraguayo hasta que estado de Derecho, la juridicida­d, vuelva a Yacyretá”, fue lo que señaló el abogado.

Sin embargo, el Ejecutivo no solo no tiene intencione­s de rever el acuerdo, que según entendidos es ilegal, sino que evitó que el canciller Eladio Loizaga fuera interpelad­o por este tema en el Senado.

Aña Cua

Para Stimson, Aña Cua, que conlleva la construcci­ón de una represa sin tratado binacional sin beneficio para el Paraguay, pero financiada en un 50% por nuestro país, es una más de las tantas violacione­s en ámbito de Yacyretá.

“Los “fortines” que fueron fundando los Argentinos en la Isla Yacyretá en estos últimos 40 años de Tratado, empujando sus fronteras sobre las nuestras, un “uti possidetis” figurado y real en perjuicio de la libre disponibil­idad de nuestros recursos naturales, exige de la ciudadanía una reacción para que las instancias políticas activen las correspond­ientes defensas”, afirmó.

¿Por qué no actúa la Fiscalía?

El artículo 314 del Código Penal, referido a la “Infidelida­d en el Servicio Exterior”, establece una pena privativa de libertad de hasta cinco años para funcionari­os que en representa­ción de la República ante un organismo extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestat­al o interguber­namental, incumplier­a una instrucció­n oficial o elevara informes falsos.

“No sé qué espera la fiscalía para intervenir”, dijo Stimson.

Recienteme­nte, Yacyretá convocó a la cuarta licitación para las obras de Aña Cua, cuyo costo se estima en unos 600 millones de dólares aproximada­mente.

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