Represión en Nicaragua en vísperas de diálogo
La represión de fuerzas del Gobierno de Nicaragua (agentes y paramilitares, grupos de choque armados por el oficialismo) contra protestas opositoras recrudeció este fin semana en vísperas de la reanudación de un diálogo que busca poner fin a la violencia que ya ha dejado más de 200 muertos en poco más de dos meses.
MANAGUA (AFP, EFE). El gobierno de Daniel Ortega y la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia –de la sociedad civil– fueron citados para hoy por la Iglesia, mediadora del proceso, para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
El sábado los organismos humanitarios reportaron al menos 6 personas muertas a manos de las “fuerzas combinadas” del Gobierno, entre ellas un bebé de un año y medio que recibió un tiro en la cabeza.
Las “fuerzas combinadas” del Gobierno están compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
En la misa dominical en la catedral de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes dijo en su homilía que el papa Francisco está “muy preocupado” y “pendiente” de la situación de Nicaragua.
“Él está muy interesado en que el diálogo siga adelante porque solamente a través del diálogo se pueden solucionar los problemas”, subrayó Brenes, quien participa directamente en las conversaciones. La reunión, cuya sede será el seminario interdiocesano en Managua, se realizará tras la violenta jornada de ataques de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares contra barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.
Entre las víctimas están un bebé de un año, un adolescente de 17 y dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde estudiantes están atrincherados.
Como parte del proceso de diálogo, Nicaragua recibirá a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, a fin de indagar sobre los hechos de violencia.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero rápidamente crecieron, mostrando el descontento popular hacia el gobierno de Ortega, cuya salida el poder reclaman, por su autoritarismo y corrupción.
Ortega fue habilitado para un tercer periodo, prohibido por la Constitución, por una Corte, funcional a su Gobierno.