IPS premia con millones a nefasta firma de limpieza
Posee encima un rosario de denuncias de graves irregularidades administrativas y, sobre todo, por incumplimiento de las leyes laborales. Sin embargo, el Instituto de Previsión Social (IPS) la premia con millonarios contratos para servicios de limpieza. Se
El Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Benigno López, adjudicó recientemente, en una polémica licitación, un nuevo contrato por US$ 27 millones, para el servicio de limpieza de todas sus instalaciones durante 18 meses, a las empresas Potî SA (de Alberto Palumbo) y Cevima SA (de Claudio Escobar Brizuela).
El monto total se divide en US$ 9 millones para la empresa Cevima SA y el resto, US$ 18 millones para la firma Potî SA.
De hecho, la firma de dicho jugoso contrato fue realizada en forma dudosa, ya que existían denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por incumplimiento de contratos anteriores en el IPS.
En el propio portal de Contrataciones se pueden observar varias sanciones, entre amonestaciones y hasta inhabilitaciones a estas mismas empresas, por incumplimientos de sus contratos.
Frondoso antecedente
Asimismo, la empresa Cevima SA posee un frondoso antecedente de denuncias por presunta explotación laboral, no solo en el Instituto sino en varias otras dependencias gubernamentales donde también tiene contratos la misma firma.
Las acusaciones en contra de esta empresa provienen de sus mismos empleados.
Denuncias como el incumplimiento del salario mínimo, el pago de apenas G. 1.200.000 por 12 horas de trabajo, retraso de hasta tres meses en el pago de salarios, el descuento del IPS a los trabajadores, pero no pago a la previsional, imposibilitando las consultas y tratamientos médicos de los empleados, y el no pago de vacaciones son solo algunas de las denuncias en contra de Cevima SA.
Otra más
En los últimos días, un grupo de trabajadoras de la limpieza del IPS, al servicio de Cevima, volvieron a realizar denuncias en contra de la empresa aumentando así su oscuro prontuario.
“Se aprovechan de nuestras necesidades” y “está prohibido quejarse porque despiden sin justificación”, dijeron algunas de las empleadas que pidieron no ser identificadas por temor a represalias.
Nuestro diario sigue abierto a los responsables de la empresa a fin de que den su versión o comentario.
Uno de los reclamos que se repite cada año escolar por gran parte de las comunidades educativas del país es la falta de control y buen uso de los recursos de Fonacide por los municipios y gobernaciones.
Actualmente, por ejemplo, más de cien intendentes aún no presentaron su rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos, pese a que el plazo de presentación ya venció el 18 de mayo.
La modificación de la Ley 4758/12 de Fonacide es un pedido formal de organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), para acabar de una vez por todas con “el carnaval y despilfarro” de estos fondos, según subraya el titular del gremio, Miguel Marecos.
“El gasto público de educación es del 11,6% del gasto gubernamental total, mucho menos al 20% de lo establecido en la Constitución Nacional, si a eso le sumamos la baja inversión del PIB en educación, de apenas 3,8%, cuando debería ser del 7%, es inconcebible que los recursos de Fonacide se despilfarren cada año”, dijo.
Según la senadora Blanca Ovelar con la plata que se entregó a los municipios y gobernaciones en concepto de Fonacide, en cinco años, se podría haber pagado tres reformas educativas completas.
Sinadi quiere que el MEC gerencie los recursos de Fonacide por la mala gestión y malversación de los intendentes y gobernadores, quienes ante una cómplice impunidad no cumplen hoy ninguna condena pese a flagrantes hechos de corrupción.
Entre las debilidades también mencionan una malla curricular desfasada, mala cobertura y distribución de la merienda y almuerzo escolar; mala entrega de los kits; falta de seguridad, entre otros.