Decreto 9100/18 es un retroceso, dice Cappro
El decreto N° 9100/18 del Ministerio de Hacienda, que reduce nuevamente al 50% la devolución del IVA a las empresas que exportan productos industrializados a partir de la soja, como speller, aceite y la harina, es un grave paso atrás en el desarrollo del sector aceitero, en beneficio de Brasil y Argentina, señala en un comunicado la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), gerenciada por la Abog. Sandra Noguera.
Según este gremio, dicho decreto es la sentencia de muerte para las inversiones, con la consecuente pérdida de generación de empleo calificado, porque vuelve a calificar a las industrias procesadoras de oleaginosas como de procesos básicos, primarios o incipientes.
La devolución del 100% del IVA para las agroindustrias exportadoras de productos industrializados como harina y aceite que estaba incluida en la Ley Nº 5061/13, explica la nota del gremio industrial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en el 2013, dictó el decreto Nº 1029 en sentido contrario, y limitó la devolución del IVA para las agroindustrias al 50%.
Pero más recientemente, el 28 de diciembre de 2017, un fallo de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1029/13 que declaró inaplicables los artículos que limitaban al 50% la devolución del IVA.
“Consideramos que el nuevo decreto es una violación múltiple, ya que desconoce la Constitución Nacional, el orden de prelación de las leyes y el respeto a la división de los Poderes, que son algunas de las características fundamentales del estado social de derecho”, expresa el manifiesto.
Los datos provistos por Cappro indican que las agroindustrias han invertido más de US$ 1.600 millones en el país, generamos más de 8.800 empleos formales y de calidad (directos e indirectos). “Somos uno de los aportantes más fuertes al Instituto de Previsión Social (IPS), con más de G. 21.500 millones (cerca de US$ 4 millones) anuales”, destaca el material.
A su vez, critica la inestabilidad jurídica y los cambios inconsultos e inconstitucionales de las reglas de juego que afecta a las inversiones previstas para la expansión de las actuales plantas y la instalación de nuevas están paradas, dice entre otras cosas el largo comunicado.