Primer pedido de desafuero en nuevo periodo legislativo
La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña solicitó el desafuero del diputado por el Departamento de Canindeyú Teófilo Espínola Peralta (PLRA, efrainista). Se trata del primer pedido de cese de inmunidad en el nuevo periodo legislativo.
La agente quiere que continúe el proceso contra el parlamentario que juró el 30 de junio pasado. Anteriormente no contaba con esta inmunidad.
El mismo está imputado junto a la exdefensora general del Estado Noyme Yore por un supuesto perjuicio de más de G. 5.000 millones con contratos de obras en sedes del interior del país.
Teófilo Espínola era uno de los fiscalizadores de las obras y, según la investigadora, los mismos debían realizar la coordinación de actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución a cabalidad y plazo de los trabajos contratados. Sin embargo, estos (entre ellos Espínola) llevaban libros de obras sin cumplir con los requisitos, pues no hicieron constar todos los trabajos realizados y certificaron el cumplimiento de la ejecución de obras a favor de los contratistas, aún cuando sabían que las mismas no han sido ejecutadas a cabalidad.
Con relación al perjuicio, según la fiscala Victoria Acuña , la entonces defensora Noyme Yore Ismael suscribió contratos con constructoras que en su mayoría no cumplieron con las obras, fueron beneficiadas con irregulares adelantos de dinero y adendas, y tampoco la Defensoría ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento.
Supuestamente, Yore disponía los pagos de sumas de dinero en concepto de construcciones de obras según los contratos de referencia, conforme a las certificaciones de obras, aún cuando existían diferencias entre lo ejecutado y lo pagado, por ser menor el valor de las obras; de igual manera, y a pesar de los atrasos y la falta de ejecución de las obras, y sin dar cumplimiento a los contratos por los contratistas, se realizaban dichos pagos.
Igualmente, la exdefensora general no ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo financiero respecto a los seis contratos de referencia y se tiene que la misma causó un perjuicio patrimonial aproximado que asciende a la suma de G. 5.033.923.979, según la fiscalía. Yore también tiene otra causa por usurpación de funciones públicas.