Vista gorda en Itaipú sobre acoso sexual
La entidad binacional Itaipú se lavó las manos en el caso de denuncia de acoso sexual que involucró al exsuperintendente de Recursos Generales Arturo Giménez Gallardo. Pese a haber tenido tres declaraciones testificales, asegura que no pudo tener certeza de los hechos. Desde un principio hubo defensa corporativa del acusado.
Finalmente, después de seis meses, la Itaipú decidió “dejar en suspenso” el sumario administrativo iniciado el 24 de noviembre de 2017 cuando un audio al que tuvo acceso nuestro diario reveló que el entonces superintendente de Recursos Generales y asistente del director administrativo, Arturo Giménez Gallardo instó a cometer un delito para hacer desaparecer supuestas pruebas de acoso sexual en su contra.
Según la determinación que lleva la firma del director jurídico Luis Alberto Breuer y elevado al director general James Spalding, el juez de instrucción César Alfonso, contratado por la entidad para realizar el sumario –y cuyos honorarios se negaron a dar a conocer–, no pudo llegar a ninguna conclusión por lo que se toma la decisión de dejar en suspenso y remitir todo lo recogido a la Fiscalía, donde hay una causa sobre el caso.
La nota de Breuer señala, entre otras cosas, que el juez de instrucción “dio por concluidas las diligencias... y con el material probatorio que pudo ser colectado no puede arribarse a un estándar de certeza”.
Agrega que, sin embargo, en el marco de la investigación fiscal que se ha abierto en el Ministerio Público podrían incorporarse nuevos elementos de convicción originados con base en los mismos hechos, que han motivado la formación de una carpeta de investigación que se encuentra en estado incipiente. Así optó por recomendar la suspensión de los trámites a fin de quedar supeditado el sumario a las resultas del proceso penal iniciado para el esclarecimiento de los mismos hechos investigados.
Con esto, lo que la entidad hace es lavarse las manos en el caso y delegar a la Fiscalía la responsabilidad de castigar los hechos ocurridos en la institución.
En el marco de la investigación interna, el juez escuchó declaraciones testificales de Gustavo Santander, el guardia al que contrataron para robar los teléfonos de dos presuntas víctimas de acoso; Mariza Irigoyen, presunta víctima de acoso, y María del Carmen Giménez, funcionaria que estuvo al tanto de los hechos. También escuchó la declaración del superintendente de Seguridad Ubaldo Sisa, quien confirmó que Santander le comunicó que lo contrataron para cometer un robo.
Ratificaron en ambas partes las denuncias
Tanto el guardia Santander como la presunta víctima Irigoyen ratificaron ante el juez instructor y ante la Fiscalía los hechos denunciados.
Santander relató que en abril del 2017 en horas de la tarde, la señora Alma María Alfonzo (aprendiz que luego fue echada de la institución), “mi compañera de oficina”... recibe una llamada telefónica del señor Arturo Giménez, después de dialogar todo con este señor me hace escuchar toda la conversación donde este señor le pidió un soldado chiita...
Agregó que después Alfonzo le manifestó que lo que tenía que hacer es “apoderarme de dos celulares propiedad de las señoras Mariza Irigoyen y Jéssica Quiñónez... para borrar todas las evidencias contra el señor Arturo Giménez, que una vez borradas las evidencias del teléfono los tiraría.
La entidad binacional desde un principio asumió una posición de defensa corporativa de Giménez Gallardo. Posterior al caso de Irigoyen salieron a luz otras denuncias que se realizaron en años anteriores.
Giménez Gallardo, un conocido político colorado, solo fue sacado de su cargo, pero mantiene todos sus privilegios en la entidad.