Negociaron rebaja de pena por US$ 30.000
El titular de la Asociación de Actuarios Judiciales y un funcionario administrativo fueron imputados ayer por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y tentativa de extorsión por negociar una pena mínima en un caso de drogas a cambio de US$ 30.000
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz ordenó detenciones y luego imputó al actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez, de la Secretaría del Tribunal de Sentencia Nº 28 a cargo de la jueza Alba González, y al funcionario del área administrativa del Poder Judicial, Héctor Leguizamón López.
La investigadora pidió arresto domiciliario de los imputados y la prohibición de contactar a las víctimas.
De acuerdo a los antecedentes, los funcionarios negociaron una sentencia mínima en un caso de tenencia de sustancias prohibidas.
El tribunal de sentencia estuvo integrado por Alba González (como presidenta), Gloria Hermosa y Nilda Giménez. En este caso, llamativamente la fiscala Elva Cáceres solamente pidió 5 años de pena para el acusado.
Finalmente, se concretó lo pactado y el tribunal condenó al acusado a esa pena mínima (la máxima era de 15 años).
El extorsionado fue el preso Ángel Omar Ruiz Díaz, quien fue contactado por Leguizamón López en la propia penitenciaría de Tacumbú, el 25 de junio de este año.
Su padre, Ángel Norberto Ruiz Díaz, grabó en varias ocasiones el pedido de US$ 30.000 a cambio de aplicar una pena de solamente 5 años de cárcel.
El progenitor presentó la denuncia en la Fiscalía el 29 de junio, y se procedió a las grabaciones de encuentros en audios y videos, y de conversaciones telefónicas con orden del juez Gustavo Amarilla Arnica. Con el que más conversó Ruiz Díaz fue con el funcionario Héctor Leguizamón, quien hacía de nexo. Además, tuvo reuniones en horario inhábil en el Palacio de Justicia con el actuario Marecos.
En uno de los encuentros que tuvo lugar en el local de comidas “Ña Eustaquia”, ubicado frente al Poder Judicial, el denunciante prometió la transferencia de una camioneta Kia Sportage modelo 2005, valuada en G. 50 millones, a cambio de que le den tiempo de juntar los US$ 30.000. Se comprometió a vender un inmueble.
Ese día, Ruiz Díaz pidió saber sobre las “garantías que tenía” de que le iban a cumplir. Le dijeron que estaba garantizado por el actuario judicial, quien a su vez le aseguró que cuando él cumpliese su parte “iba a enviar un mensaje a la presidenta del tribunal (Alba González) para decirle que todo estaba cerrado”.
También se firmó el contrato privado de transferencia de la camioneta Kia Sportage a nombre de Leguizamón, como prenda, y con promesa de pago de los US$ 30.000, ante la escribana Carmen Paredes Cabrera.